Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.
La ley Arizona es descomunal, a causa de su naturaleza xenofóbica, racista y
discriminatoria, pero atrae el respaldo de más del 50% del público estadounidense.
La migración, componente de la agenda negativa, fuente de disputas interminables entre el mundo rico, que impone rechazos, controles y prohibiciones; al otro lado, el mundo meridional, plagado de limitaciones estructurales, incapaz de abordar y resolver las desigualdades y las arraigadas complejidades sociales y económicas.
Entretanto, las diásporas humanas son las víctimas directas de sus propios Estados Nacionales, muchos de ellos que se caen en pedazos, como consecuencia de antidemocráticas y férreas estructuras de poder y de clases sociales, que desatienden la inequidad social, bien sea también por el desviacionismo de la retórica populista, la corrupción irrefrenable o la acción del crimen organizado que erosiona lo mínimo de legalidad que ha podido subsistir en varias sociedades nacionales.
América Latina es de los reconocidos sujetos de esta pesada realidad. De ahí que la ley Arizona ha llegado a ser el antídoto sajón, cuya búsqueda de la neutralización de la cultura latina es su efecto inmediato. Porque a decir del brillante escritor mexicano Carlos Fuentes, ha puesto a los sajones blancos a aprender el idioma español, convertido en una real necesidad dentro de la mayoría de las corporaciones y empresas, empleadoras de mano de obra barata, demasiado indispensable para sus operaciones y ganancias.
Demasiado difícil es en América Latina llevar a cabo el recambio en las sociedades política y económica; todo da entender que a este continente desigualitario le es más fácil el camino, poco ético, de deshacerse de la pobreza extrema que golpea a un segmento inmenso de sus ciudadanos, defendiendo los derechos civiles de las diásporas en los países septentrionales, en tal caso en los Estados Unidos de América y Europa, o a la vez a un país vecino que se encuentra en mejor situación social. Costosa vía para dejar de asumir las responsabilidades del Leviatán, ese celoso Estado moderno que brinda seguridad y propiedad a sus súbditos sobre la base de un pacto social que les asegura paz y bienestar.
Tiene razón el expresidente Oscar Arias Sánchez al criticar a los gobernantes que están acostumbrados a endosarle totalmente la culpa al norte o al sistema capitalista del rezago que experimenta la región; cuando la realidad es que la construcción de una mejor Latinoamérica descansa en nuestras propias manos, creando democracia y reduciendo la violencia, mediante menos pobreza.
Tales gobernantes son incapaces de mirarse al espejo, a fin de corroborar la insuficiente institucionalidad de desarrollo de la cual se adolece; consecuentemente la debilidad de políticas públicas de las que son completamente ajenas la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo calamitoso se relaciona con la precariedad de los sistemas tributarios que corren a contrapelo de la dotación aceptable de servicios de salud, educación y vivienda a los grupos sociales postergados. Lo otro es la carrera armamentista, miles de millones de dólares se dedican a la renovación del equipo militar de las Fuerzas Armadas, lo que pone en entredicho la sensatez de no pocos Estados latinoamericanos.
Sin embargo, el fantasma de las leyes Arizonas seguirá construyendo muros de contención y sufrimiento en las fronteras, además de la persecución en las grandes metrópolis, alimentando al sur del río Bravo el pensamiento único que legitima la migración, cuando en verdad es distinta la génesis y la razón de ser del Estado nacional en su condición de soberano, la que reside en brindar felicidad y prosperidad a lo más preciado que posee en su territorio: su población.
lunes, 26 de julio de 2010
lunes, 19 de julio de 2010
Centroamérica: a despertar la consciencia política.
Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.
Mientras la mayoría de los líderes políticos centroamericanos, con excepción de Costa Rica, adolezca del entendimiento humanista, centrado en el respeto a la dignidad humana, que la empuje al conocimiento de la realidad de sus pueblos, éstos serán siempre testigos de eventos violentos como los de Changuinola en Panamá, el Estado paralelo (mafioso) de Guatemala y el deterioro de lo mínimo de democracia, rescatable de Nicaragua. El caso particular de Honduras resulta tan patético como el de los otros, ya que el bloque autoritario sujeta, sin disimulo, las riendas del poder.
En dichas naciones, casi por igual, es evidente el déficit de perspectiva social. Lo
denotan, entre otras complejidades, las brechas sociales entre las áreas urbanas y
las zonas rurales periféricas, mezcladas de altas dosis de racismo y discriminación, cuya frágil frontera con el “apartheid”, pone en alto riesgo el funcionamiento democrático de las instituciones, erosionadas por prácticas corruptas, a las cuales se anexa la “Ley chorizo”.
El proyecto nacional de los descendientes de europeos criollos, el de los ladinos, así como el de los “rabiblancos”, difiere sustancialmente de los postulados democráticos, principalmente, de los intereses y aspiraciones de los sectores mayoritarios subalternos, excluidos de las políticas justas, relacionadas con la distribución del ingreso nacional, y por consiguiente de las insuficientes transferencias comunales a las clases más débiles; traducido todo esto en deficientes servicios de salud y educación, como también en empleos de baja remuneración.
Similar a los inicios de la formación de los Estados, más acá a los tiempos de las alianzas entre las élites dominantes, los caudillos militares y las Fuerzas Armadas, los resabios del autoritarismo incubados en tales etapas históricas, así como los métodos represivos, se niegan a ser desterrados en la región, ahora que apenas avanza el Siglo XXl, lo que presagia la inutilidad del discurso y las proclamas, por las que se promueven (ficticiamente) los valores democráticos.
Hagamos referencia a aquel entendimiento que persiga resolver en hechos tangibles el dilema entre el desarrollo económico y las políticas públicas, sustentadas en la equidad social. Si al cabo hay ausencia de conciliación en estos componentes, que en Centroamérica riñen, difícilmente las estrategias de seguridad ciudadana sean exitosas, por cuanto los tres se distinguen por su interdependencia.
Una vez solucionada esta contradicción, como modalidad de actuación del Estado y de la sociedad civil, se posibilita el camino hacia proyectos de gobernabilidad y cohesión nacionales, transitando hacia la verdadera reconciliación, que el solo fin de la guerra civil centroamericana ha estado lejos de consolidar. Lo ponen en evidencia los alarmantes registros sobre índices de criminalidad y violencia, como también la penetración del narcotráfico, evolucionando como poderosa economía subterránea, desafortunada opción de los estratos pobres y de los migrantes deportados de los Estados Unidos de América.
Cuándo las clases dirigentes del istmo aprenderán hacer política, o es que padecen de amnesia. Todavía quedan múltiples preguntas abiertas.
Mientras la mayoría de los líderes políticos centroamericanos, con excepción de Costa Rica, adolezca del entendimiento humanista, centrado en el respeto a la dignidad humana, que la empuje al conocimiento de la realidad de sus pueblos, éstos serán siempre testigos de eventos violentos como los de Changuinola en Panamá, el Estado paralelo (mafioso) de Guatemala y el deterioro de lo mínimo de democracia, rescatable de Nicaragua. El caso particular de Honduras resulta tan patético como el de los otros, ya que el bloque autoritario sujeta, sin disimulo, las riendas del poder.
En dichas naciones, casi por igual, es evidente el déficit de perspectiva social. Lo
denotan, entre otras complejidades, las brechas sociales entre las áreas urbanas y
las zonas rurales periféricas, mezcladas de altas dosis de racismo y discriminación, cuya frágil frontera con el “apartheid”, pone en alto riesgo el funcionamiento democrático de las instituciones, erosionadas por prácticas corruptas, a las cuales se anexa la “Ley chorizo”.
El proyecto nacional de los descendientes de europeos criollos, el de los ladinos, así como el de los “rabiblancos”, difiere sustancialmente de los postulados democráticos, principalmente, de los intereses y aspiraciones de los sectores mayoritarios subalternos, excluidos de las políticas justas, relacionadas con la distribución del ingreso nacional, y por consiguiente de las insuficientes transferencias comunales a las clases más débiles; traducido todo esto en deficientes servicios de salud y educación, como también en empleos de baja remuneración.
Similar a los inicios de la formación de los Estados, más acá a los tiempos de las alianzas entre las élites dominantes, los caudillos militares y las Fuerzas Armadas, los resabios del autoritarismo incubados en tales etapas históricas, así como los métodos represivos, se niegan a ser desterrados en la región, ahora que apenas avanza el Siglo XXl, lo que presagia la inutilidad del discurso y las proclamas, por las que se promueven (ficticiamente) los valores democráticos.
Hagamos referencia a aquel entendimiento que persiga resolver en hechos tangibles el dilema entre el desarrollo económico y las políticas públicas, sustentadas en la equidad social. Si al cabo hay ausencia de conciliación en estos componentes, que en Centroamérica riñen, difícilmente las estrategias de seguridad ciudadana sean exitosas, por cuanto los tres se distinguen por su interdependencia.
Una vez solucionada esta contradicción, como modalidad de actuación del Estado y de la sociedad civil, se posibilita el camino hacia proyectos de gobernabilidad y cohesión nacionales, transitando hacia la verdadera reconciliación, que el solo fin de la guerra civil centroamericana ha estado lejos de consolidar. Lo ponen en evidencia los alarmantes registros sobre índices de criminalidad y violencia, como también la penetración del narcotráfico, evolucionando como poderosa economía subterránea, desafortunada opción de los estratos pobres y de los migrantes deportados de los Estados Unidos de América.
Cuándo las clases dirigentes del istmo aprenderán hacer política, o es que padecen de amnesia. Todavía quedan múltiples preguntas abiertas.
martes, 13 de julio de 2010
Ingredientes adicionales en la política costarricense.
Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.
El gobierno de Laura Chinchilla ha ido conquistando su propia identidad. Lejos de los pavoneos y de las posturas sectáreas, mas apoyada en un magnífico equipo de gobierno, así como en una fracción legislativa remozada, la Presidenta ratifica su apuesta por el diálogo con los diferentes sectores, demostrando que este valor es su principal fortaleza.
El encuentro con los porteadores, la sensibilidad del proyecto de Ley General de
Electricidad, el enfoque civilista de la seguridad ciudadana, como también la
definición de sus prioridades en el Congreso, sus acercamientos con Centroamérica, son, entre otros eventos, una manera de convencer al pueblo que el consenso y la búsqueda de coincidencias, con todo y lo espinoso que resultan dichas vías, son componentes consustanciales del sistema democrático de derecho.
Tampoco se trata que sobre tal estilo de gobierno se eludan o posterguen las decisiones, o que el camino escogido de la “política grande”, corra el riesgo de desembocar en el inmovilismo institucional. Mientras sea comunicación que se sustenta en la verdad y la humildad, se tenga presente el respeto por la dignidad de los ciudadanos; la tolerancia al pensamiento de cada partido político y de los propios grupos de presión; sea apreciado el esfuerzo de los sectores de la sociedad civil que abogan también por el desarrollo nacional, nadie estará dispuesto a sacrificar el ejercicio del diálogo como principio y valor permanente.
La concertación ha sido parte del diccionario democrático de los costarricenses, una
virtud cívica que nos ha hecho muy particulares. En “la política grande” los césares
y únicos salvadores de las sociedades quedan descalificados. En cambio el disenso, el encuentro de ideas diversas, y después la aparición de las soluciones de los eventos, son las fibras de la nación abierta y pluralista. Los múltiples actores se disciplinan en ese modelo de cultura política, porque se convencerán que es la mejor fórmula para dar respuesta a las complejidades de la realidad nacional.
Esa misma disciplina evita los debates interminables como el ocurrido en torno al famoso Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, que, sin necesidad, hubo de polarizar a Costa Rica, al igual que puso frenos a las decisiones basadas en el legítimo ejercicio del poder; agravado dicho fenómeno por la falta de competencia y autoridad de las ramas ejecutiva y legislativa, sea para votar a favor o en contra de ese instrumento jurídico.
Esa experiencia levantó un expediente histórico, el cual es de suponer que el
Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla busca archivar, dado que es preferible
economizar tiempo en pro de la democracia y la eficacia, buscando el acuerdo entre los sectores representativos de la voluntad popular, especialmente en tiempos en que es imprescindible avanzar en el mejor desempeño de la burocracia estatal, sin copiar,
por supuesto, el estilo de Ricardo Martinelli en Panamá. Lo anterior, por cuanto
la economía costarricense repunta, consiguiendo calificaciones positivas en la
inversión extranjera y en el ahorro nacional, la reactivación del consumo
doméstico, así como el dinamismo de las exportaciones de los productos y el turismo que experimentan también plena mejoría.
Demasiado se enfatiza en el tecnicismo político de la gobernabilidad, así como en el de la cohesión social, como factores determinantes del desarrollo de las naciones. En lo personal, ambos los complementaría con el término “rapport”, usado a menudo por la psicología estadounidense . En nuestro idioma éste significaría lo hecho por
la gente para construir entre sí relaciones armoniosas y entendimientos precisos;
comportamiento provechoso en la acción política, pues es revelador en la generación de confianza y simpatía.
Justamente, en estos dos meses es lo que ha probado ser este gobierno:
tiene “rapport”, que en la versión de “la gran política”, quiere decir, que los costarricenses tenemos un gobierno con elevada calidad humana.
El gobierno de Laura Chinchilla ha ido conquistando su propia identidad. Lejos de los pavoneos y de las posturas sectáreas, mas apoyada en un magnífico equipo de gobierno, así como en una fracción legislativa remozada, la Presidenta ratifica su apuesta por el diálogo con los diferentes sectores, demostrando que este valor es su principal fortaleza.
El encuentro con los porteadores, la sensibilidad del proyecto de Ley General de
Electricidad, el enfoque civilista de la seguridad ciudadana, como también la
definición de sus prioridades en el Congreso, sus acercamientos con Centroamérica, son, entre otros eventos, una manera de convencer al pueblo que el consenso y la búsqueda de coincidencias, con todo y lo espinoso que resultan dichas vías, son componentes consustanciales del sistema democrático de derecho.
Tampoco se trata que sobre tal estilo de gobierno se eludan o posterguen las decisiones, o que el camino escogido de la “política grande”, corra el riesgo de desembocar en el inmovilismo institucional. Mientras sea comunicación que se sustenta en la verdad y la humildad, se tenga presente el respeto por la dignidad de los ciudadanos; la tolerancia al pensamiento de cada partido político y de los propios grupos de presión; sea apreciado el esfuerzo de los sectores de la sociedad civil que abogan también por el desarrollo nacional, nadie estará dispuesto a sacrificar el ejercicio del diálogo como principio y valor permanente.
La concertación ha sido parte del diccionario democrático de los costarricenses, una
virtud cívica que nos ha hecho muy particulares. En “la política grande” los césares
y únicos salvadores de las sociedades quedan descalificados. En cambio el disenso, el encuentro de ideas diversas, y después la aparición de las soluciones de los eventos, son las fibras de la nación abierta y pluralista. Los múltiples actores se disciplinan en ese modelo de cultura política, porque se convencerán que es la mejor fórmula para dar respuesta a las complejidades de la realidad nacional.
Esa misma disciplina evita los debates interminables como el ocurrido en torno al famoso Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, que, sin necesidad, hubo de polarizar a Costa Rica, al igual que puso frenos a las decisiones basadas en el legítimo ejercicio del poder; agravado dicho fenómeno por la falta de competencia y autoridad de las ramas ejecutiva y legislativa, sea para votar a favor o en contra de ese instrumento jurídico.
Esa experiencia levantó un expediente histórico, el cual es de suponer que el
Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla busca archivar, dado que es preferible
economizar tiempo en pro de la democracia y la eficacia, buscando el acuerdo entre los sectores representativos de la voluntad popular, especialmente en tiempos en que es imprescindible avanzar en el mejor desempeño de la burocracia estatal, sin copiar,
por supuesto, el estilo de Ricardo Martinelli en Panamá. Lo anterior, por cuanto
la economía costarricense repunta, consiguiendo calificaciones positivas en la
inversión extranjera y en el ahorro nacional, la reactivación del consumo
doméstico, así como el dinamismo de las exportaciones de los productos y el turismo que experimentan también plena mejoría.
Demasiado se enfatiza en el tecnicismo político de la gobernabilidad, así como en el de la cohesión social, como factores determinantes del desarrollo de las naciones. En lo personal, ambos los complementaría con el término “rapport”, usado a menudo por la psicología estadounidense . En nuestro idioma éste significaría lo hecho por
la gente para construir entre sí relaciones armoniosas y entendimientos precisos;
comportamiento provechoso en la acción política, pues es revelador en la generación de confianza y simpatía.
Justamente, en estos dos meses es lo que ha probado ser este gobierno:
tiene “rapport”, que en la versión de “la gran política”, quiere decir, que los costarricenses tenemos un gobierno con elevada calidad humana.
viernes, 9 de julio de 2010
Un caso positivo de multilateralismo (exclusivo).
Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.
El régimen teocrático del Irán fue nuevamente objeto de una ronda de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A pesar de sus diferencias en los distintos órdenes de las relaciones internacionales, esta vez las cinco potencias
globales: Estados Unidos de América, Rusia, China Popular, Inglaterra y Francia alcanzaron, entre ellas, unanimidad en la insólita resolución, tendiente a congelar los activos bancarios iraníes colocados en el extranjero, además serán detenidos los barcos sospechosos de transportar armamentos a favor de los ayatollahs islámicos, ello entre otras medidas punitivas.
Dicha determinación del órgano superior de las Naciones Unidas vino a superar la postura de los desentendimientos, en especial por China Popular y Rusia renuentes a sanciones mayúsculas, a causa de los proyectos atómicos del régimen de los ayatollahs, éste empecinado en continuar enriqueciendo uranio, el principal combustible de las centrales nucleares; en burlar la AIEA, la organización responsable de supervisar los proyectos atómicos; en resistir las ofertas diplomáticas de dotar al Irán de cooperación financiera a cambio de desistir de tales planes armamentistas.
Desde un principio las sanciones las impulsó los Estados Unidos de América, pero convenciendo simultáneamente a Israel de controlar sus tentaciones de atacar a los iraníes, señalados como su principal amenaza a su seguridad doméstica por su apoyo y financiamiento al terrorismo; al cabo también para las naciones árabes sunitas como Arabia Saudita, Egipto, Jordania, al mismo Líbano (cristiano y árabe sunita), recelosas de los proyectos expansionistas en el Medio Oriente de los Ayatollahs chiitas, envueltos últimamente en artificios con los talibanes afganos.
El crucial acuerdo de las cinco potencias soportó el descrédito de la acción del ejército israelí, el 31 de mayo de los corrientes, por la cual debió asaltar el ferry que se dirigía hacia la Franja de Gaza, a respaldar la organización extremista Hamas, quien niega la paz y el derecho a la existencia del Estado hebreo y se declara enemiga de la Autoridad Palestina. Las negociaciones que permitieron la resolución del Consejo de Seguridad, pudieron fracasar, por cuanto Washington desistió de condenar a Israel por ese hecho - lo que esperaba quizás China y Rusia - , si bien subrayó que es insostenible la situación de los palestinos residentes en Gaza. Increíblemente, el gobierno de Barack Obama “ganó poder de lobby”, por lo que logró concretar su cometido contra Teherán.
Puede ser que tenga algo de cierto lo vociferado en Shanghái por Mahmud Ahmadineyad, el presidente iraní, que las nuevas sanciones apoyadas por todos los miembros permanentes del Consejo son “un papel sin valor”. De cualquier modo, las anteriores medidas fueron insuficientes en disuadir al desviado régimen teocrático. Sin embargo, tampoco surtieron efecto las maniobras del Irán de atraer al Brasil y a Turquía con vistas a apresurar un acuerdo tripartito, desaprobado por la Casa Blanca, que incluía el enriquecimiento de uranio fuera del territorio persa.
Con base en “el multilateralismo restringido”, lo significativo de la decisión del Consejo de Seguridad ha sido la responsabilidad y respuesta colectiva de cooperación de las cinco potencias en materia de paz y seguridad, encaminada a evitar que la barbarie inherente en ese régimen teocrático, que, además de oprimir a su pueblo, dotado de capacidad nuclear, sea capaz de transformarse en peligrosísimo factor de desequilibrio en el Medio Oriente, encadenado con la pesadilla del Pakistán (nuclear), a las amenazas de Al Qaeda y los talibanes; todo lo cual es material suficiente para dificultar la estrategia antiterrorista contra los grupos islámicos, enemigos de la libertad, el pluralismo y la diversidad.
En consecuencia, el poderío atómico debe residir en las manos responsables de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es su derecho natural, que trasciende la simple concesión de la comunidad internacional, ya que en buena teoría política, juntos lograron exterminar el fascismo, así como superar los riesgos de la confrontación nuclear en el período de la Guerra Fría.
El régimen teocrático del Irán fue nuevamente objeto de una ronda de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A pesar de sus diferencias en los distintos órdenes de las relaciones internacionales, esta vez las cinco potencias
globales: Estados Unidos de América, Rusia, China Popular, Inglaterra y Francia alcanzaron, entre ellas, unanimidad en la insólita resolución, tendiente a congelar los activos bancarios iraníes colocados en el extranjero, además serán detenidos los barcos sospechosos de transportar armamentos a favor de los ayatollahs islámicos, ello entre otras medidas punitivas.
Dicha determinación del órgano superior de las Naciones Unidas vino a superar la postura de los desentendimientos, en especial por China Popular y Rusia renuentes a sanciones mayúsculas, a causa de los proyectos atómicos del régimen de los ayatollahs, éste empecinado en continuar enriqueciendo uranio, el principal combustible de las centrales nucleares; en burlar la AIEA, la organización responsable de supervisar los proyectos atómicos; en resistir las ofertas diplomáticas de dotar al Irán de cooperación financiera a cambio de desistir de tales planes armamentistas.
Desde un principio las sanciones las impulsó los Estados Unidos de América, pero convenciendo simultáneamente a Israel de controlar sus tentaciones de atacar a los iraníes, señalados como su principal amenaza a su seguridad doméstica por su apoyo y financiamiento al terrorismo; al cabo también para las naciones árabes sunitas como Arabia Saudita, Egipto, Jordania, al mismo Líbano (cristiano y árabe sunita), recelosas de los proyectos expansionistas en el Medio Oriente de los Ayatollahs chiitas, envueltos últimamente en artificios con los talibanes afganos.
El crucial acuerdo de las cinco potencias soportó el descrédito de la acción del ejército israelí, el 31 de mayo de los corrientes, por la cual debió asaltar el ferry que se dirigía hacia la Franja de Gaza, a respaldar la organización extremista Hamas, quien niega la paz y el derecho a la existencia del Estado hebreo y se declara enemiga de la Autoridad Palestina. Las negociaciones que permitieron la resolución del Consejo de Seguridad, pudieron fracasar, por cuanto Washington desistió de condenar a Israel por ese hecho - lo que esperaba quizás China y Rusia - , si bien subrayó que es insostenible la situación de los palestinos residentes en Gaza. Increíblemente, el gobierno de Barack Obama “ganó poder de lobby”, por lo que logró concretar su cometido contra Teherán.
Puede ser que tenga algo de cierto lo vociferado en Shanghái por Mahmud Ahmadineyad, el presidente iraní, que las nuevas sanciones apoyadas por todos los miembros permanentes del Consejo son “un papel sin valor”. De cualquier modo, las anteriores medidas fueron insuficientes en disuadir al desviado régimen teocrático. Sin embargo, tampoco surtieron efecto las maniobras del Irán de atraer al Brasil y a Turquía con vistas a apresurar un acuerdo tripartito, desaprobado por la Casa Blanca, que incluía el enriquecimiento de uranio fuera del territorio persa.
Con base en “el multilateralismo restringido”, lo significativo de la decisión del Consejo de Seguridad ha sido la responsabilidad y respuesta colectiva de cooperación de las cinco potencias en materia de paz y seguridad, encaminada a evitar que la barbarie inherente en ese régimen teocrático, que, además de oprimir a su pueblo, dotado de capacidad nuclear, sea capaz de transformarse en peligrosísimo factor de desequilibrio en el Medio Oriente, encadenado con la pesadilla del Pakistán (nuclear), a las amenazas de Al Qaeda y los talibanes; todo lo cual es material suficiente para dificultar la estrategia antiterrorista contra los grupos islámicos, enemigos de la libertad, el pluralismo y la diversidad.
En consecuencia, el poderío atómico debe residir en las manos responsables de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es su derecho natural, que trasciende la simple concesión de la comunidad internacional, ya que en buena teoría política, juntos lograron exterminar el fascismo, así como superar los riesgos de la confrontación nuclear en el período de la Guerra Fría.
A fortalecer fronteras pacíficas y prósperas.
Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.
Llena de satisfacción que la política exterior de los Estados nacionales adquiera una diversidad de formas, de modo simultáneo con otras disciplinas del quehacer humano.
Asimismo, es frecuente la evolución de aquel tipo de diplomacia tradicional, sustentado en las formas y los estilos estrictos, lo que da paso a expresiones de trabajo tangibles y útiles que coinciden con “los anhelos y reivindicaciones” de la sociedad civil en su conjunto, bajo la responsabilidad de atender sus necesidades y problemas primarios.
Parece haber consenso en que la política exterior se ha arropado de lo que se ha dado en llamar los “temas emergentes”, unos más conflictivos que otros; sin embargo, algunos de ellos forman parte de “la agenda blanda”, la cual se refiere a la cooperación para el desarrollo. En el caso particular de Costa Rica, desde hace veinte años ha sobresalido la situación de sus fronteras territoriales, al punto que un convenio de avanzada en dicha materia se logró finiquitar con Panamá, otro de menor rango se acordó con Nicaragua; aunque con esta última nación los desentendimientos han estado a la orden del día, en especial por las controversias en torno a la navegación sobre el río San Juan.
Después de la aprobación de los instrumentos binacionales, hubo una suficiente producción de acuerdos (incumplidos) con esos países. Ahora con el inicio del actual gobierno, se ha despertado la consciencia en que es preferible quitar grasa y dejar músculo. Esto quiere decir, que llegó el momento de pasar de las declaraciones y buenas intenciones a los hechos, lo que implica hacer labor con lo que es viable.
Recuerdo el impacto favorable de las visitas del Canciller Fernando Naranjo a las zonas fronterizas, las cuales son una joya multicultural y multiétnica, así como los resultados efectivos que depararon. Si no me equivoco era la primera vez que el jefe de la diplomacia costarricense hacía un recorrido oficial de tal envergadura, cuyo propósito era palpar la realidad de esas regiones, consultando el punto de vista de las organizaciones de base.
Sería conveniente recobrar esta práctica que inició el Canciller Naranjo. Constituiría una manera de recuperar la confianza de la sociedad civil, en cuenta la de los gobiernos locales, quienes reclaman la inexistencia de logros reales en la región, basados en los principios del desarrollo transfronterizo, a pesar de la excesiva elaboración de documentos de diversa índole, anaqueles de diagnósticos, promesas, reuniones infructuosas. En el fondo hay frustración por la falta de empuje, continuidad y seguimiento a los marcos de referencia binacionales.
Obsérvese la siguiente experiencia. Dos o tres años atrás, se planificó un trabajo serio con la Universidad de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, tanto que el gobierno de Panamá acogió con agrado la idea de concretar un proyecto específico de construir una especie de boulevard en Paso Canoas. Sin embargo, en una fase del proyecto, JUDESUR (la Junta de Desarrollo del Sur) echó marcha atrás, pues le interesaba fortalecer el Depósito Libre de Golfito. En aquella ocasión algunos funcionarios públicos - incluidos unos de esta Cancillería - se ocuparon, inexplicablemente, de echar carbón a la hoguera; de esta forma, el proyecto con la Universidad quedó abortado; al final las instancias ocupadas en el tema se desanimaron.
La lección de la fallida experiencia, fue en gran medida al evidente conflicto de intereses entre lo que se pretendía para Paso Canoas, que era remodelarlo, empezando con iniciativas reales, contra las ganancias acumuladas por el Depósito Libre, al que le es inaceptable la competencia, más si se toma en cuenta que son los jordanos, los iraníes, palestinos, sirios y chinos los que se benefician del movimiento comercial del cordón fronterizo.
En lo que respecta a trabajar en cualquier región transfronteriza, específicamente en la parte meridional, es insoslayable valorar los nuevos factores, uno de ellos es definir con precisión la oferta del Poder Ejecutivo a los moradores, así como la medición de las expectativas de los distintos actores sociales y económicos. Tomando en cuenta el ejemplo de Paso Canoas, ahí deben converger, bien o mal, los intereses objetivos del Depósito de Golfito y JUDESUR; de no ser así los resultados serían modestos. Igualmente, cabe sopesar el factor social y cultural en Sixaola, cuando sale a relucir la resistencia de los habitantes a que la colonia sea removida hacia puntos geográficos, menos expuestos a los desbordamientos del río del mismo nombre.
A la Cancillería, MIDEPLAN, etcétera, así como los Ministerios que cuentan con oficinas regionales en los cordones (trans) fronterizos les corresponde, sin excusas, la tarea de producir estrategia en dicha materia. Ello significaría definir
claramente los objetivos que sean factibles de alcanzar. Luego esto se simplificaría, si se trabajara con perfiles, arrancando con lo ya acordado por Costa Rica con Nicaragua y Panamá, pues a través de los diferentes mecanismos de consultas bilaterales, se han determinado de mutuo acuerdo las necesidades y los problemas: una de las fases complejas.
Las municipalidades por lo general son débiles frente a entidades que las superan en organización y recursos económicos. Por eso hay que involucrar en las acciones y esfuerzos a poderes superiores, tales como los Diputados de la zona, los ejecutivos de las oficinas desconcentradas, a todo el sector empresarial de las comunidades limítrofes. Y en circunstancias concretas de la región sur, es necesario conquistar la voluntad de poderes fácticos, a saber, JUDESUR y la dinámica política y social de Golfito, cuyo Depósito es ahora más poderoso por la nueva legislación decretada a su favor.
Lo otro es la voz de los emprendedores locales, los comerciantes informales de Paso Canoas, Río Sereno, Laurel, Sixaola, Los Chiles, Upala, los líderes de las organizaciones civiles, los dirigentes de los partidos políticos, etcétera, que de ninguna manera hay que excluir, en lo que respecta a determinar la estrategia fronteriza. En ello, se deben reconocer las particularidades de cada región, en consonancia con la filosofía de proteger los vínculos históricos y las formas de convivencia y asociación desarrolladas por costarricenses, panameños y nicaragüenses en ámbitos de fronteras de paz y solidaridad.
Llena de satisfacción que la política exterior de los Estados nacionales adquiera una diversidad de formas, de modo simultáneo con otras disciplinas del quehacer humano.
Asimismo, es frecuente la evolución de aquel tipo de diplomacia tradicional, sustentado en las formas y los estilos estrictos, lo que da paso a expresiones de trabajo tangibles y útiles que coinciden con “los anhelos y reivindicaciones” de la sociedad civil en su conjunto, bajo la responsabilidad de atender sus necesidades y problemas primarios.
Parece haber consenso en que la política exterior se ha arropado de lo que se ha dado en llamar los “temas emergentes”, unos más conflictivos que otros; sin embargo, algunos de ellos forman parte de “la agenda blanda”, la cual se refiere a la cooperación para el desarrollo. En el caso particular de Costa Rica, desde hace veinte años ha sobresalido la situación de sus fronteras territoriales, al punto que un convenio de avanzada en dicha materia se logró finiquitar con Panamá, otro de menor rango se acordó con Nicaragua; aunque con esta última nación los desentendimientos han estado a la orden del día, en especial por las controversias en torno a la navegación sobre el río San Juan.
Después de la aprobación de los instrumentos binacionales, hubo una suficiente producción de acuerdos (incumplidos) con esos países. Ahora con el inicio del actual gobierno, se ha despertado la consciencia en que es preferible quitar grasa y dejar músculo. Esto quiere decir, que llegó el momento de pasar de las declaraciones y buenas intenciones a los hechos, lo que implica hacer labor con lo que es viable.
Recuerdo el impacto favorable de las visitas del Canciller Fernando Naranjo a las zonas fronterizas, las cuales son una joya multicultural y multiétnica, así como los resultados efectivos que depararon. Si no me equivoco era la primera vez que el jefe de la diplomacia costarricense hacía un recorrido oficial de tal envergadura, cuyo propósito era palpar la realidad de esas regiones, consultando el punto de vista de las organizaciones de base.
Sería conveniente recobrar esta práctica que inició el Canciller Naranjo. Constituiría una manera de recuperar la confianza de la sociedad civil, en cuenta la de los gobiernos locales, quienes reclaman la inexistencia de logros reales en la región, basados en los principios del desarrollo transfronterizo, a pesar de la excesiva elaboración de documentos de diversa índole, anaqueles de diagnósticos, promesas, reuniones infructuosas. En el fondo hay frustración por la falta de empuje, continuidad y seguimiento a los marcos de referencia binacionales.
Obsérvese la siguiente experiencia. Dos o tres años atrás, se planificó un trabajo serio con la Universidad de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, tanto que el gobierno de Panamá acogió con agrado la idea de concretar un proyecto específico de construir una especie de boulevard en Paso Canoas. Sin embargo, en una fase del proyecto, JUDESUR (la Junta de Desarrollo del Sur) echó marcha atrás, pues le interesaba fortalecer el Depósito Libre de Golfito. En aquella ocasión algunos funcionarios públicos - incluidos unos de esta Cancillería - se ocuparon, inexplicablemente, de echar carbón a la hoguera; de esta forma, el proyecto con la Universidad quedó abortado; al final las instancias ocupadas en el tema se desanimaron.
La lección de la fallida experiencia, fue en gran medida al evidente conflicto de intereses entre lo que se pretendía para Paso Canoas, que era remodelarlo, empezando con iniciativas reales, contra las ganancias acumuladas por el Depósito Libre, al que le es inaceptable la competencia, más si se toma en cuenta que son los jordanos, los iraníes, palestinos, sirios y chinos los que se benefician del movimiento comercial del cordón fronterizo.
En lo que respecta a trabajar en cualquier región transfronteriza, específicamente en la parte meridional, es insoslayable valorar los nuevos factores, uno de ellos es definir con precisión la oferta del Poder Ejecutivo a los moradores, así como la medición de las expectativas de los distintos actores sociales y económicos. Tomando en cuenta el ejemplo de Paso Canoas, ahí deben converger, bien o mal, los intereses objetivos del Depósito de Golfito y JUDESUR; de no ser así los resultados serían modestos. Igualmente, cabe sopesar el factor social y cultural en Sixaola, cuando sale a relucir la resistencia de los habitantes a que la colonia sea removida hacia puntos geográficos, menos expuestos a los desbordamientos del río del mismo nombre.
A la Cancillería, MIDEPLAN, etcétera, así como los Ministerios que cuentan con oficinas regionales en los cordones (trans) fronterizos les corresponde, sin excusas, la tarea de producir estrategia en dicha materia. Ello significaría definir
claramente los objetivos que sean factibles de alcanzar. Luego esto se simplificaría, si se trabajara con perfiles, arrancando con lo ya acordado por Costa Rica con Nicaragua y Panamá, pues a través de los diferentes mecanismos de consultas bilaterales, se han determinado de mutuo acuerdo las necesidades y los problemas: una de las fases complejas.
Las municipalidades por lo general son débiles frente a entidades que las superan en organización y recursos económicos. Por eso hay que involucrar en las acciones y esfuerzos a poderes superiores, tales como los Diputados de la zona, los ejecutivos de las oficinas desconcentradas, a todo el sector empresarial de las comunidades limítrofes. Y en circunstancias concretas de la región sur, es necesario conquistar la voluntad de poderes fácticos, a saber, JUDESUR y la dinámica política y social de Golfito, cuyo Depósito es ahora más poderoso por la nueva legislación decretada a su favor.
Lo otro es la voz de los emprendedores locales, los comerciantes informales de Paso Canoas, Río Sereno, Laurel, Sixaola, Los Chiles, Upala, los líderes de las organizaciones civiles, los dirigentes de los partidos políticos, etcétera, que de ninguna manera hay que excluir, en lo que respecta a determinar la estrategia fronteriza. En ello, se deben reconocer las particularidades de cada región, en consonancia con la filosofía de proteger los vínculos históricos y las formas de convivencia y asociación desarrolladas por costarricenses, panameños y nicaragüenses en ámbitos de fronteras de paz y solidaridad.
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