lunes, 26 de octubre de 2009

Perfeccionar el discurso político.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

Las políticas públicas son una disciplina que busca dar solución a las necesidades de la sociedad desde la perspectiva de la escasez de los recursos. En su diseño e implementación técnica confluyen otras disciplinas como el derecho, la economía, las ciencias sociales y la ingeniería. Las políticas públicas dan respuesta a los requerimientos sociales, por eso se preguntan ¿en qué invertir los recursos públicos, para lograr qué resultados, a través de qué medios?

En un Estado de derecho, las políticas públicas se esfuerzan por conjugar con la realidad las leyes y normativas de una determinada materia, sea que se trate de regulación, educación, desarrollo social, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, comunicaciones, energía, o agricultura; y con todo ello, perseguir el logro de los objetivos planteados en los planes gubernamentales y los documentos de proyectos.

Asimismo, entran en esta disciplina los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los Estados individuales o bien vinculados con organizaciones multilaterales, entre ellas, las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, las cuales ponen énfasis en la cohesión social y la gobernabilidad hacia desarrollos globales e integradores.

El uso y la asignación eficiente y eficaz de los recursos representan las vértebras de las políticas públicas. En buena teoría, la formulación, evaluación y gerencia de proyectos de inversión del gobierno, se ven comprometidas a enlazarse con ellas, y viceversa. El punto de partida de tal reciprocidad, se localiza en la acertada identificación de los problemas y las necesidades nacionales, toda vez que allí descansa el exitoso y racional aprovechamiento de los limitados factores de la producción.

Los programas de los partidos políticos en este período electoral, deberían de superar la retórica tradicional, a cambio de que sus ideas se concentren en la búsqueda de las alternativas de solución de los asuntos sensibles de la realidad costarricense, proponiendo en el discurso el orden de prioridades en pos de alcanzar el desarrollo generalizado; éste sustentado en esquemas de participación de la sociedad civil. Tal que asignaturas como el agotamiento de la infraestructura rural, a saber, los puentes y las carreteras rurales, guarden un equilibrio con el desempeño de objetivos macroeconómicos, relacionados con el mejoramiento de la infraestructura compleja, llámese puertos, aeropuertos, zonas francas y telecomunicaciones.

Las políticas públicas, lo mismo que la formulación y evaluación de proyectos de inversión gubernamental tienen que correr parejo, a fin de prevenir el riesgo del desperdicio y la ligereza con que suelen ser identificadas las vulnerabilidades, a causa de la carencia de diagnósticos, decisiones equivocadas, o insuficientemente planeadas, lo que es desde todo punto de vista deleznable en naciones que acumulan amplio criterio experto y que se aproximan a alcanzar el desarrollo.

Las guías metodológicas sobre preinversión, las que diversas entidades como MIDEPLAN, el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), así como algunos institutos de investigación académica, ofrecen conceptos y técnicas novedosas, que los propios partidos podrían aprovechar en su oferta política, particularmente en la misión de elevar el nivel del mensaje de esta campaña electoral, en medio del escenario de una nación que posee el potencial de disminuir la pobreza, pues ha quedado demostrado su potencial humano, el cual le ha permitido convertirse en asiento de empresas transnacionales destacadísimas como INTEL, y a la vez contar con el talento humano para construir el motor de plasma, diseñado para viajes espaciales.

lunes, 19 de octubre de 2009

Los socialismos residuales.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

Nada menos que el gobierno socialista de Chile resucitó en días pasados la lúgubre “ley antiterrorista”, promulgada en tiempos del déspota Augusto Pinochet. La ha vuelto a poner en vigor para sofocar las protestas sociales de los indígenas mapuches de la región de la Araucaria; en tanto que el gobierno de Bachelet ha puesto en evidencia su incapacidad de resolución ante las demandas de esa minoría étnica que busca un mejor tren de vida.

Las repetidas advertencias de la Organización de las Naciones Unidas de disuadir al gobierno chileno a que se abstenga de la aplicación de dicha ley represiva, han sido desatendidas. Como es usual en democracias tuteladas por las Fuerzas Armadas, empeñadas en fabricar enemigos internos, los mapuches son acusados de pretender la desestabilización de las instituciones legales.

Bajo el pretexto de ocultar todavía las tensiones sumergidas de una sociedad restaurada, que, además de encabezar la carrera armamentista en la región, Chile ha sido negligente en distribuir de manera equitativa los ingresos de su floreciente crecimiento económico; pues sigue siendo tan inequitativo como cualquier otro país latinoamericano.

Lo que sí cuesta explicar son los resultados de algunas agencias calificadoras de gobernabilidad y de avance institucional democrático, las cuales colocan a la nación chilena por encima de Costa Rica; al colmo que una de ellas ha ubicado a Venezuela en un rango positivo de desarrollo humano, pisándole los talones a este país. Probablemente, esas entidades están dominadas por cierto sesgo ideológico.

La nueva versión del socialismo internacional es incoherente, ya que hay una enorme distancia entre su retórica y las acciones políticas. El Ecuador es otro caso desatinado. Con los mismos términos ofensivos empleados por el gobierno chileno, los aborígenes tuvieron que soportar la violencia desplegada por el gobierno de Rafael Correa, promotor de leyes de minería y de privatización del agua, a las que se oponen de manera decidida los nativos amazónicos.

Según este mandatario afín a las ideas anacrónicas del “Socialismo del siglo XXl”, esos indígenas, quienes organizaron las manifestaciones en defensa de los recursos naturales, son extremistas, aliados de la derecha, los que solo persiguen desestabilizar su gobierno “de identidad popular”. Todo ello pone en evidencia, una vez más, la naturaleza represiva de los países socios del ALBA, cuyos gobiernos consiguen ser tan autoritarios como las pasadas dictaduras militares, las cuales prolongaron también la situación de marginalidad de las minorías
étnicas.

En la otra orilla del planeta se localiza la China Popular, abanderada del otro esquema residual de “socialismo internacional”, el cual funciona, igualmente, con base en la represión. Los acontecimientos de la región autónoma de Xinjiang (al noroeste de la China continental), donde habita la minoría Uigur, mayoritariamente musulmana y con idioma de origen turco, atestiguan hechos vergonzosos, ya que desde hace rato esa etnia continúa siendo víctima del miserable disfraz de la lucha antiterrorista del régimen totalitario.

Por qué extrañarse. China es experta en el uso de mecanismos sofisticados de discriminación religiosa y cultural, así como de otras acciones típicas de violaciones contra los derechos fundamentales, con los cuales esta vez ha logrado desplazar la etnia Uigur, a fin de favorecer el repoblamiento de la etnia Han, la más numerosa de ese gigante asiático.

Sin duda que los socialismos residuales del siglo XXl reciclaron el recurso del método ideado por José Stalin, Mao Tse-Tung y el dinosauro Fidel Castro, aquel que arremete contra todo tipo de distensión, signada como un peligro letal.

martes, 13 de octubre de 2009

La política internacional: un testigo en las elecciones de Costa Rica.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

El proceso electoral de Costa Rica acaba de arrancar, finalizará con los comicios del 7 de febrero del 2010. La libertad y el pluralismo político dominarán el ambiente de esta campaña, distintivos de la historia republicana de un país pequeño, ubicado en el grupo de democracias sólidas y maduras.

Por esto mismo, cae bien hacer un repaso del clima político internacional, susceptible de condicionar en buena parte el debate nacional, en virtud de la naturaleza abierta y adaptable de la sociedad costarricense frente a los cambios sustanciales o bien circunstanciales, derivados del entorno global; lo que equivale a lo denominado por las ciencias sociales estadounidenses como “resiliencia”.

La recesión y los momentos críticos de las finanzas mundiales son fenómenos que pudieron haber deteriorado de manera pronunciada la economía local. Con la habilidad del gobierno y del sector privado de este país se consiguió administrar, de manera correcta, los impactos de tal inestabilidad, aunado a que en los pasados dos meses han comenzado a percibirse leves recuperaciones en los mercados y las instituciones bursátiles.

Sin embargo, continúan siendo riesgos inherentes el desempleo en los países industrializados, la débil reactivación del consumo interno, las transacciones de materias primas, al igual que la resequedad en la facilitación del crédito, lo que es de prever la exigencia de los partidos políticos de exponer ante los ciudadanos sus acciones programáticas y las propias capacidades, con vistas a mitigar los efectos domésticos causados por los deterioros en la economía mundial.

Corre parejo a lo antes dicho, la tendencia ascendente a favor de la producción de energías renovables y la reducción de las emisiones de gases, que provocan el efecto de invernadero. Estas disciplinas adquieren amplio margen en la agenda multilateral, particularmente ante las preocupaciones acerca del cambio climático, así como la volatilidad de los precios del petróleo y de otros combustibles fósiles, lo cual arrastra graves implicaciones contra la sostenibilidad global.

En el caso preciso de las compras del petróleo, dos años atrás Costa Rica había experimentado déficit en su balanza comercial, lo mismo que lograron elevar la inflación. Razón por la cual, la producción de energías renovables o alternativas tampoco se escapará de los planteamientos de los partidos.

La visión multilateralista del Presidente Barack Obama, laureado con el Premio Nobel de la Paz, supone, esta vez, la continuación de una “política blanda”, por parte de los Estados Unidos de América. Esta parece ser la ruta con la cual Obama encarará las múltiples cuestiones sensibles de la comunidad internacional, reflejándose en las posturas hacia América Latina, sustentadas en el rechazo a la intromisión de Washington en los asuntos internos de los países del Hemisferio Occidental; con la excepción de recetar al Brasil como el líder de la región.

Con todo y esa política “benigna”, hay que evitar las ilusiones acerca de un acercamiento estrecho de la Administración Obama hacia América Latina, por cuanto el interés de la Casa Blanca se inclina en resolver las disputas entre judíos y palestinos en el Medio Oriente, principal proveedor de los recursos energéticos. En el orden de prioridades, destacan también las frustraciones de la guerra en Afganistán de casi ocho años, enquistada en Pakistán, la única potencia nuclear musulmana , amenazada por los golpes terroristas, patrocinados por los Talibanes, socios de Al Qaeda.

El Irán y Corea del Norte, que ceden poco en cuanto a retroceder en sus ambiciones nucleares, comprometen a Washington en concentrar sus esfuerzos en dichas regiones neurálgicas, las cuales representan un inminente factor de riesgo para la paz y la seguridad internacionales.

En cambio, otros ámbitos de la política internacional se ubican en posiciones periféricas. Sino, obsérvese las principales acciones de Washington hacia América Latina, las que apenas se han orientado a fortalecer la cooperación con México, en el objetivo de enfrentar el ascenso de la criminalidad, provocada por los cárteles del narcotráfico, quienes comenzaron a perfeccionar sus redes en Centroamérica, bajo el peligro de que la provincia costarricense de Limón reúna condiciones de vulnerabilidad.

En este capítulo ha cobrado vigor el establecimiento de las siete bases militares estadounidenses en Colombia, acompañado de ambiguos pronunciamientos en torno a la carrera armamentista en América Latina. En tanto que la Administración Obama manifiesta una asombrosa pasividad ante la ofensiva de Francia, Rusia, el Irán y la China Popular en forjar acuerdos militares con varias naciones latinoamericanas.

Todavía están ausentes en los discursos de Washington, como los de varios países industrializados, sus políticas tangibles para con la cooperación y la ayuda para el desarrollo, enmarcados en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, lo cual habría de favorecer a las naciones más pobres como las de Centroamérica y de Suramérica. La discriminación practicada contra las naciones de renta media, categoría en que se ubica Costa Rica, entra en tal episodio de las indiferencias.

Por otra parte, sería un error garrafal que en esta campaña electoral, los partidos políticos le den la espalda al golpe de Estado en Honduras, que además de la reaparición de los militares, asumiendo la posición de árbitros en medio de las discrepancias que resultan de la sociedad política, el resquebrajamiento puede inflamarse más al figurar en adelante grupos de paramilitares colombianos.

Si bien la nación hondureña ha poseído una relevancia mínima en la política internacional, lo cierto es que atrajo la atención a raíz del golpe, por cuanto ha hecho retroceder la endeble institucionalidad e integración democrática del istmo. Hay que tomar en consideración que Centroamérica representa un destino primordial de la producción nacional, donde a su vez se ha construido un espacio económico común, al punto de haberse negociado como bloque una serie de acuerdos comerciales, entre ellos, con los Estados Unidos de América y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Por lo pronto, los apetitos de poder regional del Presidente Hugo Chávez alcanzarán poca repercusión en las elecciones costarricenses, a menos que la hilaridad que produce acá el Embajador venezolano, sea convertible por algunos grupúsculos locales en fragmento del “Libro rojo bolivariano”.

lunes, 5 de octubre de 2009

Añadir exigencias de política a la cooperación de la Unión Europea.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

Las autoridades de la Unión Europea (UE) anunciaron en estos días la propuesta de “una asociación de actores globales”, mediante la cual ponen de manifiesto su aspiración de redoblar, en los siguientes cinco años, la cooperación y los acercamientos con América Latina, elevando el financiamiento en euros de los programas, así como enfatizando en la conclusión de los acuerdos de asociación económicos y comerciales que se negocian con el MERCOSUR, el bloque Andino y Centroamérica.

Eso sí, en el modelo revelado por el bloque comunitario se desvía la cuestión de los subsidios agrícolas, en lo cual es responsable de haber creado incentivos viciosos e ineficiencia en la economía, al poner a su vez en desventaja las economías en vías de desarrollo, productoras de materias primas.

Por ahora, hay que aprovechar ese interés de la UE de traer debajo del brazo una agenda de cooperación renovada a favor de este subcontinente. Después intentaremos abordar lo relacionado con los subsidios: un asunto por demás sensitivo, que ni siquiera en el seno de la Ronda de Doha se han logrado avances significativos.

Con todo, resulta positivo que las relaciones de cooperación entre Europa y América Latina abriguen, además de las ya reconocidas en el ámbito político y de la integración birregional, otras distintas disciplinas relacionadas con la prevención de las inestabilidades económicas y financieras, el calentamiento global y el cambio climático, al igual que la producción de energías renovables; dentro de lo que ha de ser útil el “mecanismo de inversión en América Latina (MIAL).

De acuerdo con la exposición europea, dicho mecanismo tendrá "un efecto de palanca" para movilizar recursos de las instituciones financieras, a fin de respaldar proyectos de inversión en infraestructura energética, esto en compañía de respetar el medio ambiente, toda vez que se propiciará el desarrollo económico y la creación de nuevos puestos de trabajo (propongo aquí la idea de crear “empleos verdes”).

Al estudiar tales planteamientos, me nace la preocupación sobre un error recurrente por parte de la UE y del propio Estados Unidos de América, consistente en obviar las realidades políticas internas de cada uno de los países en desarrollo, entre ellos, los latinoamericanos, particularmente, en el tiempo en que se define la visión de las acciones cooperativas, derivadas de sus estrategias asociadas con la ayuda al desarrollo.

La Alianza para el Progreso de John F. Kennedy fracasó en aquel entonces, porque se descartó el rol obstruccionista de las élites políticas, económicas y militares, quienes se resistieron a acompañar un desarrollo institucional, fundamentado en los principios de la justicia distributiva. Al final, el elemento de la asistencia financiera fue lo único aprovechado de dicho plan del Presidente estadounidense, ya que las rígidas estructuras de poder social, así como la alta tenencia de la tierra, fueron fenómenos que permanecieron casi inalterados.

De allí las frustraciones tanto de los propios cooperantes como de los grupos más vulnerables de la región, a quienes son enfocados los proyectos, dado que en un principio la ayuda al desarrollo se visualiza con el cambio en las sociedades, aunque la experiencia demuestra lo opuesto.

Puede ser la ligereza con que el Norte rico actúa en sus múltiples planes de cooperación internacional, como también en la asignación de la ayuda humanitaria, al poseer insuficiente comprensión de la “lógica política”, o bien sobre la psicología de las élites tradicionales que en América Latina concentran el poder.

No es raro que estas últimas clases sociales, a igual que el clan emergente de populistas de la región, se apropien de modo delictivo de estos recursos externos. Lo cierto es que se empeñan además en cerrarle a los sectores sociales subordinados los accesos de participación, obstaculizando la construcción de sociedades prósperas y democráticas; justo en lo cual la distribución del componente de la asistencia internacional debería de transformarse en medida de presión para seguir impidiendo tales retrocesos.

Así por ejemplo, las naciones desarrolladas podrían condicionar la cooperación y las inversiones transferidas, exigiendo a los países receptores que, a efecto de generar mayor riqueza, procedan a mejorar sus sistemas tributarios de recaudación fiscal. Dicha política implicará “que los ricos paguen como ricos”; se podrá enfrentar mejor la pobreza, habida cuenta de la precariedad de los ingresos obtenidos por los Estados nacionales en tal fuente de financiamiento de sus gastos.

De la forma correcta en que lo practicará Costa Rica con la entrada en vigencia de la ley de las zonas francas; los cooperantes podrían disuadir a los países receptores de ayuda y de recursos de capitales externos, acerca de la conveniencia de la reducción de las desigualdades entre las regiones urbanas avanzadas y las rurales agrícolas (comúnmente postergadas), a través del mejoramiento de la infraestructura y la transferencia de una porción de la inversión extranjera hacia las zonas de menor desarrollo, lo que favorecerá el empleo y la calidad de vida.

Todo lo anterior conducirá a que las cooperaciones internacionales estarían lejos de concebirse de un modo aislado de las realidades del poder político, tal como ha sido la norma. Por el contrario, ellas se convertirían en genuina herramienta de los países desarrollados, en aras de promover el cambio y la modernización en las naciones pobres; sería como una especie de condicionalidad democrática que se institucionalizará en las relaciones políticas y de cooperación entre los Estados desarrollados y los más necesitados.

Lo advierten algunos científicos sociales estadounidenses, quienes aseguran que “en no pocas naciones de América Latina es imposible estimular las transformaciones sociales desde adentro, sino que éstas hay que alentarlas desde afuera, bajo la colaboración solidaria de las potencias democráticas.