Las inmigraciones son favorables

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

“Sociedad decente” es la expresión empleada por Alexander Jiménez Matarrita en su libro: “La vida en otra parte. Migraciones y cambios culturales en Costa Rica”. El autor sugiere la imaginación de políticas, modelos educativos, principios morales, vidas familiares que permitan en este país, según él, “ llegar a ser alguna vez una sociedad” así. Lo que significa construir un país que no esté organizado alrededor del miedo, la hostilidad o la desconfianza. Al mismo tiempo concluye que siempre es posible alcanzar formas de vida más equitativas, incluido el trato humano y hospitalario a favor de los inmigrantes y refugiados, tal que sean reconocidos por sus múltiples contribuciones a la nacionalidad costarricense.

Quizás el libro de Jiménez despierte desacuerdos en el sentido de que algunas de sus proposiciones obedecen a una interpretación de la realidad costarricense que contrasta con otros puntos de vista políticos. Sin embargo, el marco ético para abordar un asunto complicadísimo como la migración, nos ofrece líneas maestras para reflexionar y proceder acerca del futuro de los intercambios entre migrantes y nativos, intensificados desde hace más de tres décadas; que es cuando la población comenzó a transformarse acá de modo acelerado. Siendo ahora más numerosa, más plurinacional y plurilingüe, un reto que nos impulsa a la creación de un ambiente positivo para su asimilación, afiliación e integración sociocultural.

Concebir que los extranjeros son los causantes de “la peste de la inseguridad ciudadana” o como el grupo que pone en riesgo las prestaciones sanitarias y educativas, así como las oportunidades de empleo (Jiménez Matarrita, 2009), ello ha constituido parte de las falacias con la cual se han producido en el pasado leyes torpes, como también planteamientos erróneos en las campañas políticas, que lo único que originan es el empobrecimiento de la percepción de los costarricenses contra las personas que ingresan aquí con “un proyecto de vida a cuestas”.

Hay que convencerse en que las migraciones representan un factor de desarrollo y de enriquecimiento cultural; Costa Rica no es ajena a tal dinámica social. Un reporte exhaustivo de la empresa consultora CEFSA, realizado hace 8 años dejó demostrado que en aquel entonces aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, resultó ser obra solo de la población nicaragüense, lo que pone al descubierto que la migración sigue siendo un componente fundamental de la realidad social y económica, además de un acontecimiento mayor de la historia costarricense.

Más recientemente, el Ministerio Público acaba de aportar cifras relacionadas con el ascenso de los homicidios en Costa Rica, en las cuales se comprueba que en tal tipología de delito es relativamente baja la participación de extranjeros, todo lo cual pone en entredicho las posturas de algunas formaciones políticas, en lo que atañe a las opciones de solución (equivalentes a políticas duras) para enfrentar la criminalidad, insinuándose que los extranjeros representan el enemigo interno.

Dichosamente, en el presente gobierno se ha impuesto el enfoque del imperativo humanitario en el abordaje de la migración. La aprobación de nueva legislación en dicha materia, derogando la anterior ley draconiana, habrá de favorecer las decisiones políticas y la normativa apropiada, tendiente a garantizar los derechos y el desarrollo humano de las personas migrantes (Jiménez, ibídem), en el convencimiento de “habitar un Estado de Derecho” pluralista y respetuoso de la dignidad humana.

Y en esa visión de fortalecer “sociedades decentes”, no nos queda otra alternativa que reconocer con legítimo orgullo la aprobación de la última reforma a la Ley del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), mediante la cual se extendieron los beneficios sociales a los inmigrantes, la cual protege igualmente a los niños, aunque sus padres se encuentren en situación migratoria irregular.

Esto quiere decir, que mientras se siga haciendo la solidaria multiplicación de los panes, a Costa Rica nunca le faltará nada…

Un reencuentro con Israel

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

En días pasados, Shimon Peres, el presidente de Israel, efectuó una gira de trabajo por América Latina, visitó el Brasil y la Argentina. La misión tuvo como propósito neutralizar la influencia del Irán en esta región, sobre todo, al conocerse la proximidad de la visita oficial a Venezuela y Brasil del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, donde espera cerrar acuerdos de cooperación en materia energética e industrial con el gobierno de Hugo Chávez, el gran aliado de los ayatollahs en este subcontinente.

Naciones como Bolivia y el Ecuador se han acercado a Teherán, al igual que el gobierno sandinista, fiel a su tradición de estrechar sus vínculos con el país persa, con todo y que el gobierno de iraní se ha rehusado a condonarle la deuda. En cambio, con excepción del gobierno del Irak, controlado por musulmanes chiitas, las restantes naciones árabes (en su mayoría sunitas) guardan distancia del régimen teocrático del Irán, el cual ha puesto de relieve sus propósitos subimperialistas en el Medio Oriente, auspiciando allí el terrorismo, como también aquel ataque de Buenos Aires en 1994 contra la Asociación Mutual Israelí Argentina.

La monarquía (despótica) de Arabia Saudita, de raíces musulmanas sunitas, es asediada por Al Qaeda, así como por los rebeldes chiitas que operan en la frontera común con Yemén, estos patrocinados por los ayatollahs iraníes. Los saudíes se han colocado en los últimos años entre los enemigos acérrimos de Teherán, ya que es percibida como una seria amenaza, a causa de sus pretensiones hegemónicas, torpedeadas también por varios de sus vecinos, todo lo cual agudiza la situación de aislamiento internacional de la que es objeto el Irán.

Desde el punto de vista de las sospechas saudíes, los israelíes vienen siendo menos peligrosos para la sobrevivencia de la monarquía, puesto que ambos tienen al frente un enemigo común que es el Irán, cuyos programas nucleares crean gruesas sensibilidades entre los árabes. Más allá de la enemistad entre judíos y árabes, Israel reconoce sus propias limitaciones históricas y étnicas para imitar los pasos (subimperialistas) del Irán, que de alguna manera busca superar el aislamiento al que se ha visto sometido. Por eso la sola alternativa en su haber consiste en alimentar la alianza con Venezuela y las naciones del ALBA, más la comedida aceptación del Brasil y Argentina de asegurarle puertas abiertas.

El principio de la coexistencia ha ido privando en los acercamientos entre las dos culturas semíticas, negativo para el Irán, tal que la construcción de nuevas colonias en la Cisjordania palestina y en el propio Jerusalén Oriental apenas molesta a Egipto, lo mismo que a Arabia Saudita. Los árabes son conscientes que el grupo terrorista de Hamas (proiraní), quien controla Gaza, ha ganado adeptos dentro de la población palestina, por lo tanto Israel actúa como un escudo contra la influencia del Irán en el Levante. Razón por la cual, los severos golpes militares a principios de este año contra Hamas por manos de Israel, representaron un alivio, particularmente para los egipcios y los sauditas, ya que en el fondo eso significó la reducción de los planes expansionistas de los ayatollahs iraníes.

Por su parte, en la concepción occidental, el pueblo judío constituye la hermandad superior de la cristiandad, valorado como la única comunidad en el Oriente Medio que abriga los principios de la democracia pluralista; por lo mismo esta búsqueda de alianzas con los latinoamericanos es coherente con la historia y la razón. Justamente, hay que reconocer los pocos réditos que se pueden derivar al fortalecer asociaciones con el Irán, cuyo régimen es un calco de la Edad Media.

Los israelíes poseen atributos éticos para incursionar en América Latina, aunque tienen pendiente el compromiso de volver a ganar confianza acà, cuanto más expliquen sus intereses de política exterior, así como los alcances de su estrategia de defensa militar, pocas veces comprendidos. Al mismo tiempo, el Estado judío, bajo los principios de cooperatividad, están en capacidad de compartir sus notorios avances científicos y técnicos, al igual que sus desarrollos culturales y académicos. Los entendimientos mutuos en cuanto a contribuir con la solución de las limitaciones estructurales del mundo en desarrollo, puede trascender al respaldo de las tesis de estas naciones en los ámbitos de la asociación multilateral, en especial en la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio.

Las colonias judías podrían servir de base de apoyo de la política extranjera de Israel, proclive a focalizarse en las naciones septentrionales. Falta por ello una mayor coordinación entre el Estado de Israel con los judíos de ultramar, a fin de beneficiar la estrategia de acercamiento hacia las naciones meridionales, particularmente las latinoamericanas; cuestión difícil de reproducir entre las colonias persas y árabes, quienes en su gran mayoría adversa los sistemas políticos opresivos de sus países de origen.

El influyente lobby judío en Washington, brazo de las políticas israelíes, debería de identificarse con América Latina (y el Tercer Mundo) en sus planteamientos vitales, sean la equidad y la liberalización del comercio agrícola, la práctica de la “política blanda” inherente con la cooperación, la suavización de las medidas migratorias, al igual que en el mejoramiento de las cancelaciones de la deuda financiera regional, con la cual Costa Rica una vez fue favorecida décadas atrás ante la mediación del lobby judío, al serle condonada parte de sus obligaciones con las entidades financieras.

Es diferente de esto, la repugnante cooperación militar proporcionada por Israel a las dictaduras militares latinoamericanas, las que asaltaron el poder en los años de la Guerra Fría. Tales tácticas de la promoción de acuerdos militares merecen ser borradas de las relaciones renovadas entre Israel y América Latina, de manera tal que pueda distanciarse de Francia, Suecia y de su enemigo el Irán, que se han dedicado hoy a insuflar la carrera armamentista.

Los gestos convincentes a favor de la creación del Estado Palestino han estado ayunos de realizaciones, lo cual debilita la imagen de Israel dentro de la comunidad internacional. En tanto que las tesituras irreconciliables de los partidos políticos israelíes imposibilitan la visión unificada, siendo ello aprovechado por los sectores radicales y fundamentalistas árabes, en cuenta la desfachatez de los ayatollahs, como también por los ortodoxos judíos, todos ellos responsables de minar cualquier tratativa de paz, que al final desacreditan a Israel y los sectores árabes moderados.

La real afinidad entre las culturas judías y latinoamericanas, además de los vínculos indisolubles, compromete a los habitantes del Nuevo Mundo a multiplicar nuestros deseos y esfuerzos por que dos milenarias civilizaciones puedan cohabitar en paz. Si los fanáticos demenciales como Ahmadinejad, vienen a esta región a fomentar el odio y la intolerancia, entonces frente a tal aberraciòn, el mejor antídoto es estar presente en Tierra Santa para inculcar lo mejor de los valores de la convivencia, como es el sentido de la protección de la vida y el de la fraternidad humanas.

Alternativas de solución para prevenir el crimen.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

La inseguridad ciudadana plantea profundas consecuencias éticas, psicológicas y culturales, lo que obliga a centrarse en cómo las distintas instituciones públicas y áreas del conocimiento pueden conjugarse para explorar las causas del fenómeno, identificar el problema verdadero, así como en medir los múltiples efectos sociales que se correlacionan con el reciente indicador de criminalidad, expuesto en este mes por el Estado de la Nación, el cual apunta en que se alcanzó la cifra de 11 homicidios por cada cien mil habitantes en Costa Rica.

Con base en lo demostrado por dicho indicador, además de lo que reflejan otros países latinoamericanos en cuestiones de creciente criminalidad, cabe inferir que todavía las cifras de los homicidios se ubican en niveles “controlables” de riesgo, es decir, falta demasiado para llegar a niveles patológicos, menos a equipararlas con grados preocupantes, que hagan suponer una fase de descomposición de la sociedad costarricense, como sí viene a suceder en el resto de Centroamérica, valorada como una de las regiones violentas del planeta.

La cantidad de homicidios pasó de 8 a 11 por cada cien mil personas. Antes del 2007 eran como máximo 5 por la misma cantidad de gente. Lo que significaba que la criminalidad se hallaba en los registros de normalidad histórica. Principalmente, el ascenso del crimen en las provincias de Limón y San José, en cuenta los asesinatos contra los propios delincuentes, son los casos que han movido los números.

Hasta ahora los argumentos de los partidos políticos en abordar la cuestión de la seguridad ciudadana son insuficientes, han privado las intervenciones de carácter institucional y funcionalistas, a saber, el énfasis en las acciones o los mecanismos judiciales, legales y policiales, cuando en verdad ello representan soluciones a medias. Sin convencer, por ahí se asoma lo tocante a la prevención primaria, a sabiendas de que ésta es incapaz de llegar a las raíces del origen del delito, o a dar respuesta a la interrogante de si en realidad son los deterioros en el ser y la identidad nacional (la sociedad ideológica), lo que ha comenzado a elevar los índices de criminalidad.

En décadas pasadas, la población en general manifestaba poseer menores ingresos, con todo y ello casi nadie perdía su vida a causa de un crimen. Mientras que en estos años, el índice de pobreza ha decrecido, la movilidad y el sistema de protección social han evolucionado de manera favorable, la criminalidad corre en dirección opuesta, en medio de una sociedad que prospera y abre oportunidades a todos los ciudadanos, en especial a la juventud. Esto quiere decir que el asunto de la desigualdad social ha ido perdiendo vigor como el principal factor que incide en la delincuencia.

La hipótesis que comienza a ser tomada con seriedad ante el incremento de la delincuencia, reside en la vulnerabilidad a que están sometidos los fundamentos de la convivencia humana que modelaron la cultura y las costumbres nacionales: el fenómeno precedido por el esquema de desarrollo económico, elegido a partir de la década de 1980, cuando este país decide integrar su economía al proceso de la globalización de los mercados internacionales. Al tiempo que esto último propició la estandarización global de valores (o antivalores), mediante un ilimitado peso mediático y publicitario, inculcados subliminalmente, en especial a la gente del mundo occidental.

Los nuevos dioses: el poder, el dinero, el consumismo desenfrenado, el culto a la violencia, las corrientes como el relativismo moral, así como el hedonismo permisivo, contribuyen a hacer mayormente complejo la sofisticación del delito y la criminalidad, además de que se internacionalizan. Todo ello se entrelaza, al extremo de permear las psicologías y los sistemas de valores nacionales, contra lo cual las familias, las instituciones educativas y los restantes componentes de la sociedad ideológica ponen de relieve su debilidad.

Tampoco es que a través de tal hipótesis de trabajo sea menospreciada esta nueva era de las interconexiones culturales, aceleradas por las tecnologías de la información y el perfeccionamiento de los medios de transporte, responsables de haber empequeñecido la Tierra. Lo cuestionado es la basura de la que el crimen se alimenta, la producida, a manera de escuela, por tales poderosos recursos electrónicos o aparatos de difusión, que ponen en una posición precaria la dignidad y la integridad del ser humano.

A decir verdad, sería conveniente retomar los fallidos proyectos de ley que, en su momento, formularon el presidente Daniel Oduber y Carmen Naranjo, Ministra de Cultura, Juventud y Deportes, con los cuales se intentaba, bajo criterios interdisciplinarios, poner límites a la difusión de ciertos programas televisivos y radiales (abusivos), que deforman la consciencia de la ciudadanía, los que sin lugar a dudas promueven la violencia y la criminalidad; de ser así, no estaríamos rasgándonos las vestiduras, acariciando imprudentemente la ley del Talión.

Costa Rica: cambios orgánicos en la política electoral.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

El bicameralismo llegó a ser una tesis que en las pasadas décadas rondaba por las instancias políticas de Costa Rica. En síntesis, el bicameralismo es aquel sistema político en el que existen dos cámaras o asambleas parlamentarias, en la que una representa a las provincias nacionales o Estados locales (según sean las circunstancias) con igualdad de representantes, y la otra al conjunto de la Nación y a los ciudadanos individualmente, en función de su número.

En los regímenes de tendencia corporativa la segunda cámara (el Senado) aspira a ser una representación orgánica de los factores políticos, económicos y sociales. En ella se supone que el debate es de mayor calidad que en el de la primera cámara, pues aquí son abordadas las necesidades particulares de cada provincia, o bien de un Estado miembro de una Federación, llámese, los Estados Unidos de América, México, etcétera. En pequeños Estados como República Dominicana opera el sistema bicameral, lo mismo que en algunos de desarrollo medio. De manera tal, que ni la extensión del territorio ni las condiciones económicas son condicionantes para la instauración de cámaras altas o Senados.

Sacar a relucir tal alternativa, se debe a la incertidumbre de que el Poder Legislativo costarricense está en deuda desde hace tiempo con la ciudadanía. Ello se pone de relieve en el descenso de la excelencia del debate político, en gran medida por el mecanismo de circunscripciones, en extremo electoralista, empleado en la escogencia de los diputados, el que obedece en parte, a criterios clientelistas, regionalistas, o bien a lealtades partidistas, como lo es la distribución de cuotas de poder, asignadas a los líderes de las cúpulas de los partidos.

Todo lo dicho anteriormente, ahuyenta de la política a los intelectuales, expertos y notables, quienes encuentran como un obstáculo infranqueable contra sus motivaciones, al propio sistema electoral de carácter piramidal, que da forma a las leyes electorales costarricenses. En palabras simples: para que una personalidad reconocida por sus aportes científicos, políticos y culturales, pueda alcanzar una curul en el Congreso, deberá enfrentarse en un escrutinio activo, a un gamonal de una región o a un militante habilidoso en cazar votos en las estructuras de base comunitarias o sectoriales.

Una limitante que pone en desventaja a gente desacostumbrada a realizar tareas relacionadas con el activismo electoral, tiene como origen el predominio de las asambleas distritales, cantonales, nacionales, es decir el “carrerismo político”, el que “certifica” la capacidad de los aspirantes a los puestos de elección popular, y de igual modo expresa los juegos de poder, frecuentemente personalistas, corporativos y localistas.

Por esta última razón, se le atribuye al Poder Legislativo el haber entrado a una fase de “municipalización”, desde luego que en esto tiene una enorme responsabilidad el debilitamiento de los partidos políticos, más entregados, como se dijo, a la competencia electoral y a responder a los apetitos de poder de determinadas élites y cacicazgos. Justamente, esta enfermedad la registran tanto las formaciones minoritarias como las mayoritarias, la cual se acentúa por toda América Latina.

La Cámara Alta podría constituirse en un paliativo para frenar el fenómeno de “la municipalización” de los parlamentos, pues consiste en ofrecer márgenes de participación más amplios a “la inteligencia nacional”, evitando que sea el político profesional, quien monopolice el proceso de producción de las leyes, obligado a depurarse. Valdría la pena que tal tesis del establecimiento del Senado, se adicione a la tendencia de la reforma parcial de la Constitución Política, dado que la convocatoria a una constituyente carece del consenso nacional. Asimismo, la Carta Magna de 1949 es sinónimo de cohesión ideológica, con la cual los diversos sectores políticos se encuentran identificados.

Además de la propuesta de un sistema político bicameral, hay otro planteamiento que ha quedado rezagado de la discusión interna: el que se encamina a establecer dos provincias nuevas, una al norte y la otra al sur del territorio nacional. Está asociado a la necesidad de aplicar cambios en la división político y administrativa. Resulta inconcebible que los cantones de Los Chiles, Upala, Ciudad Quesada y San Rafael de Guatuso, tan distantes del núcleo central de Alajuela, continúen formando parte de esa provincia. Por eso no es de extrañar, que excepto Ciudad Quesada, los demás ocupen posiciones inferiores en los índices de desarrollo cantonal.

Así como Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón se ven afectados por su lejanía de Puntarenas y San José, es obvio que su reducida influencia en los procesos de elección de diputados y de las autoridades burocráticas, restringe sus oportunidades de crecimiento y desarrollo, por cuanto en los principales centros urbanos de dichas provincias descansan las decisiones mayúsculas, las cuales en múltiples ocasiones marginan las necesidades de las zonas periféricas y rurales.

Cabe preguntarse entonces acerca de la disposición de las formaciones en realizar grandes innovaciones en el sistema electoral, lo que incluye la división territorial; tal vez esto contribuya a que se regrese a la política de las ideas, así como a la construcción de oportunidades de todo tipo, a las que habrán de seguir teniendo acceso los habitantes de este país.

Dos casos de virajes en la política latinoamericana.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

Treinta años atrás América Latina era controlada por gobiernos autoritarios. A pesar del reciente “campanazo” en Honduras, el último fraude en los comicios regionales de Nicaragua y el ascenso de “un rey” en Venezuela, la región posee un mejor panorama político que en aquel entonces.

En países como El Salvador y el Uruguay, la derecha ultraconservadora y la izquierda intransigente han puesto de relieve ciertas tendencias que conducen a la sensatez, lo cual representa un alivio para el desarrollo democrático de la región. Si bien están lejos de ser cumplidos los objetivos de fortalecer la seguridad ciudadana, así como reducir la inequidad social, consecuencia de las desigualdades estructurales, lo mismo que la contención de los gastos militares.

Los resultados de los comicios generales en el Uruguay celebrados en octubre pasado, “reflejan una sociedad polarizada, pero no enemistada” (Ignacio Coló, 2009).

Tampoco es percibido como un país amenazado por las Fuerzas Armadas, de manera tal que se pensara en que dicha institución pudiera atreverse a interrumpir un eventual triunfo del candidato izquierdista y exguerrillero tupamaro José “el Pepe” Mujica, ganador en la primera ronda con el oficialista Partido Frente Amplio, que por cierto llevó a la presidencia en el 2004 al exitoso Tabaré Vázquez.

La derecha tradicional, ahora encabezada por el expresidentes Luis Lacalle, tampoco está apegada al neoliberalismo económico a ultranza de la década de 1980 y 1990. Por el contrario, se negó a atacar en esta campaña los positivos indicadores sociales del gobierno de Vázquez, cuyo programa político y realizaciones gubernamentales están volcados al pensamiento socialdemócrata europeizante.

En realidad, esa doctrina es compatible con la historia uruguaya. Desde principios del Siglo XX, la nación charrúa construyó el esquema de Estado protector, el que sentó las bases de la modernización social; lo que significó el establecimiento de una clase media fuerte, como también el comienzo de la industria orientada hacia el consumo interno, acompañada del incremento de la productividad del sector agropecuario.

Dicho legado lo ha reconstruido Vázquez y el Frente Amplio; de ahí que sea irreversible para Mujica, quien por demás estuvo a punto de conquistar la presidencia en la primera ronda. Las posturas moderadas que lo distinguieron, más la compañía de Danilo Astori como el candidato a vicepresidente, un economista que favorece las tesis de los mercados abiertos y los acuerdos comerciales del Uruguay con los Estados Unidos de América, hicieron reducir las incertidumbres de radicalización, que rodeaban antes la figura del candidato extupamaro y senador.

El Frente Amplio se ha ido transformando en centroizquierda; las alternativas de derecha representadas por el Partido Nacional y el Partido Colorado, se vienen transformando en centroderecha (Ignacio Coló). A veces pareciera ser débil la línea divisoria entre esa nueva derecha y la izquierda reformada uruguayas. Lo puede atestiguar el propio Presidente, quien salió casi ileso de las disputas electorales, particularmente por su orientación racional de la política macroeconómica.

Apenas hubo de ser cuestionado por la oposición por sus tesis a favor del polémico MERCOSUR. De todo esto se infiere, que el culto Uruguay será incapaz de buscar alianzas con el bloque de la izquierda anacrónica (el ALBA), aún en un segundo y consecutivo eventual gobierno del Frente Amplio, quien ha abandonado las recetas dogmáticas del socialismo de la revolución cubana.

Por lo visto “el fenómeno charrúa” ha permeado también la política en El Salvador, pues allí la derecha atraviesa “horas bajas”, sobre todo con la escisión de 12 de los 32 diputados del ultraderechista Partido Arena, que en estos días hicieron casa aparte.

Incluso pactaron con el izquierdista Partido FMLN la futura conformación del directorio del Congreso de la República (Juan José Dalton,2009); al igual, los disidentes se han puesto de acuerdo con la bancada ex insurgente en otras resoluciones que benefician al gobierno de Mauricio Funes.

La otrora monolítica Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), la fundó el militar Roberto D'Aubuisson, acusado nacional e internacionalmente de haber organizado los temidos escuadrones de la muerte y de ordenar el asesinato en 1980 del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Asimismo, gobernó durante veinte años con “mano dura en el terreno político y social”. Dicha formación fue una de las principales exponentes del "neoliberalismo ortodoxo" en el continente, tras las privatizaciones, la desmedida apertura comercial y la dolarización nacional.

A la extrema derecha salvadoreña (y centroamericana) le ha sido difícil digerir el fracaso electoral del pasado 15 de marzo, que condujo al poder al Presidente Funes que encabezó la papeleta del FMLN, su rival acérrimo. Esta vez, la conciliación pareciera estar muy distante, porque el grupo desertor, que atrae más adeptos, había comenzado a replicar las posiciones férreas del liderazgo tradicional de su partido, en especial las de Alfredo Cristiani, expresidente y banquero. Es decir, en el seno de ARENA surgió un bloque de centro derecha, encaminado a la moderación, el cual intenta refundar un partido, que sea menos autoritario, más democrático y amplio (Alberto Arene, 2009).

Por otra parte, el Presidente Mauricio Funes tampoco las tiene todas consigo. El grupo intrasigente del FMLN le cobra su acercamiento con la empresa privada local, un sector económico que está actuando con pragmatismo frente al nuevo Gobierno de izquierda, quien está gobernando de forma sopesada, evitando alianzas políticas en el extranjero (por ejemplo con el ALBA) y trabajando con relativa independencia del FMLN. Tanto es así, que Funes ha reprobado el discurso antiestadounidense de su Vicepresidente Salvador Sánchez, representante de la línea dura. La que además se opone a que sea empleada la institución del Ejército, para que refuerce la Policía Nacional en las misiones contra la delincuencia y el crimen organizado.

El Uruguay y El Salvador ponen de manifiesto en que sí es posible inyectar a la política latinoamericana dosis de realismo.