Las autoridades de la Unión Europea (UE) anunciaron en estos días la propuesta de “una asociación de actores globales”, mediante la cual ponen de manifiesto su aspiración de redoblar, en los siguientes cinco años, la cooperación y los acercamientos con América Latina, elevando el financiamiento en euros de los programas, así como enfatizando en la conclusión de los acuerdos de asociación económicos y comerciales que se negocian con el MERCOSUR, el bloque Andino y Centroamérica.
Eso sí, en el modelo revelado por el bloque comunitario se desvía la cuestión de los subsidios agrícolas, en lo cual es responsable de haber creado incentivos viciosos e ineficiencia en la economía, al poner a su vez en desventaja las economías en vías de desarrollo, productoras de materias primas.
Por ahora, hay que aprovechar ese interés de la UE de traer debajo del brazo una agenda de cooperación renovada a favor de este subcontinente. Después intentaremos abordar lo relacionado con los subsidios: un asunto por demás sensitivo, que ni siquiera en el seno de la Ronda de Doha se han logrado avances significativos.
Con todo, resulta positivo que las relaciones de cooperación entre Europa y América Latina abriguen, además de las ya reconocidas en el ámbito político y de la integración birregional, otras distintas disciplinas relacionadas con la prevención de las inestabilidades económicas y financieras, el calentamiento global y el cambio climático, al igual que la producción de energías renovables; dentro de lo que ha de ser útil el “mecanismo de inversión en América Latina (MIAL).
De acuerdo con la exposición europea, dicho mecanismo tendrá "un efecto de palanca" para movilizar recursos de las instituciones financieras, a fin de respaldar proyectos de inversión en infraestructura energética, esto en compañía de respetar el medio ambiente, toda vez que se propiciará el desarrollo económico y la creación de nuevos puestos de trabajo (propongo aquí la idea de crear “empleos verdes”).
Al estudiar tales planteamientos, me nace la preocupación sobre un error recurrente por parte de la UE y del propio Estados Unidos de América, consistente en obviar las realidades políticas internas de cada uno de los países en desarrollo, entre ellos, los latinoamericanos, particularmente, en el tiempo en que se define la visión de las acciones cooperativas, derivadas de sus estrategias asociadas con la ayuda al desarrollo.
La Alianza para el Progreso de John F. Kennedy fracasó en aquel entonces, porque se descartó el rol obstruccionista de las élites políticas, económicas y militares, quienes se resistieron a acompañar un desarrollo institucional, fundamentado en los principios de la justicia distributiva. Al final, el elemento de la asistencia financiera fue lo único aprovechado de dicho plan del Presidente estadounidense, ya que las rígidas estructuras de poder social, así como la alta tenencia de la tierra, fueron fenómenos que permanecieron casi inalterados.
De allí las frustraciones tanto de los propios cooperantes como de los grupos más vulnerables de la región, a quienes son enfocados los proyectos, dado que en un principio la ayuda al desarrollo se visualiza con el cambio en las sociedades, aunque la experiencia demuestra lo opuesto.
Puede ser la ligereza con que el Norte rico actúa en sus múltiples planes de cooperación internacional, como también en la asignación de la ayuda humanitaria, al poseer insuficiente comprensión de la “lógica política”, o bien sobre la psicología de las élites tradicionales que en América Latina concentran el poder.
No es raro que estas últimas clases sociales, a igual que el clan emergente de populistas de la región, se apropien de modo delictivo de estos recursos externos. Lo cierto es que se empeñan además en cerrarle a los sectores sociales subordinados los accesos de participación, obstaculizando la construcción de sociedades prósperas y democráticas; justo en lo cual la distribución del componente de la asistencia internacional debería de transformarse en medida de presión para seguir impidiendo tales retrocesos.
Así por ejemplo, las naciones desarrolladas podrían condicionar la cooperación y las inversiones transferidas, exigiendo a los países receptores que, a efecto de generar mayor riqueza, procedan a mejorar sus sistemas tributarios de recaudación fiscal. Dicha política implicará “que los ricos paguen como ricos”; se podrá enfrentar mejor la pobreza, habida cuenta de la precariedad de los ingresos obtenidos por los Estados nacionales en tal fuente de financiamiento de sus gastos.
De la forma correcta en que lo practicará Costa Rica con la entrada en vigencia de la ley de las zonas francas; los cooperantes podrían disuadir a los países receptores de ayuda y de recursos de capitales externos, acerca de la conveniencia de la reducción de las desigualdades entre las regiones urbanas avanzadas y las rurales agrícolas (comúnmente postergadas), a través del mejoramiento de la infraestructura y la transferencia de una porción de la inversión extranjera hacia las zonas de menor desarrollo, lo que favorecerá el empleo y la calidad de vida.
Todo lo anterior conducirá a que las cooperaciones internacionales estarían lejos de concebirse de un modo aislado de las realidades del poder político, tal como ha sido la norma. Por el contrario, ellas se convertirían en genuina herramienta de los países desarrollados, en aras de promover el cambio y la modernización en las naciones pobres; sería como una especie de condicionalidad democrática que se institucionalizará en las relaciones políticas y de cooperación entre los Estados desarrollados y los más necesitados.
Lo advierten algunos científicos sociales estadounidenses, quienes aseguran que “en no pocas naciones de América Latina es imposible estimular las transformaciones sociales desde adentro, sino que éstas hay que alentarlas desde afuera, bajo la colaboración solidaria de las potencias democráticas.
Eso sí, en el modelo revelado por el bloque comunitario se desvía la cuestión de los subsidios agrícolas, en lo cual es responsable de haber creado incentivos viciosos e ineficiencia en la economía, al poner a su vez en desventaja las economías en vías de desarrollo, productoras de materias primas.
Por ahora, hay que aprovechar ese interés de la UE de traer debajo del brazo una agenda de cooperación renovada a favor de este subcontinente. Después intentaremos abordar lo relacionado con los subsidios: un asunto por demás sensitivo, que ni siquiera en el seno de la Ronda de Doha se han logrado avances significativos.
Con todo, resulta positivo que las relaciones de cooperación entre Europa y América Latina abriguen, además de las ya reconocidas en el ámbito político y de la integración birregional, otras distintas disciplinas relacionadas con la prevención de las inestabilidades económicas y financieras, el calentamiento global y el cambio climático, al igual que la producción de energías renovables; dentro de lo que ha de ser útil el “mecanismo de inversión en América Latina (MIAL).
De acuerdo con la exposición europea, dicho mecanismo tendrá "un efecto de palanca" para movilizar recursos de las instituciones financieras, a fin de respaldar proyectos de inversión en infraestructura energética, esto en compañía de respetar el medio ambiente, toda vez que se propiciará el desarrollo económico y la creación de nuevos puestos de trabajo (propongo aquí la idea de crear “empleos verdes”).
Al estudiar tales planteamientos, me nace la preocupación sobre un error recurrente por parte de la UE y del propio Estados Unidos de América, consistente en obviar las realidades políticas internas de cada uno de los países en desarrollo, entre ellos, los latinoamericanos, particularmente, en el tiempo en que se define la visión de las acciones cooperativas, derivadas de sus estrategias asociadas con la ayuda al desarrollo.
La Alianza para el Progreso de John F. Kennedy fracasó en aquel entonces, porque se descartó el rol obstruccionista de las élites políticas, económicas y militares, quienes se resistieron a acompañar un desarrollo institucional, fundamentado en los principios de la justicia distributiva. Al final, el elemento de la asistencia financiera fue lo único aprovechado de dicho plan del Presidente estadounidense, ya que las rígidas estructuras de poder social, así como la alta tenencia de la tierra, fueron fenómenos que permanecieron casi inalterados.
De allí las frustraciones tanto de los propios cooperantes como de los grupos más vulnerables de la región, a quienes son enfocados los proyectos, dado que en un principio la ayuda al desarrollo se visualiza con el cambio en las sociedades, aunque la experiencia demuestra lo opuesto.
Puede ser la ligereza con que el Norte rico actúa en sus múltiples planes de cooperación internacional, como también en la asignación de la ayuda humanitaria, al poseer insuficiente comprensión de la “lógica política”, o bien sobre la psicología de las élites tradicionales que en América Latina concentran el poder.
No es raro que estas últimas clases sociales, a igual que el clan emergente de populistas de la región, se apropien de modo delictivo de estos recursos externos. Lo cierto es que se empeñan además en cerrarle a los sectores sociales subordinados los accesos de participación, obstaculizando la construcción de sociedades prósperas y democráticas; justo en lo cual la distribución del componente de la asistencia internacional debería de transformarse en medida de presión para seguir impidiendo tales retrocesos.
Así por ejemplo, las naciones desarrolladas podrían condicionar la cooperación y las inversiones transferidas, exigiendo a los países receptores que, a efecto de generar mayor riqueza, procedan a mejorar sus sistemas tributarios de recaudación fiscal. Dicha política implicará “que los ricos paguen como ricos”; se podrá enfrentar mejor la pobreza, habida cuenta de la precariedad de los ingresos obtenidos por los Estados nacionales en tal fuente de financiamiento de sus gastos.
De la forma correcta en que lo practicará Costa Rica con la entrada en vigencia de la ley de las zonas francas; los cooperantes podrían disuadir a los países receptores de ayuda y de recursos de capitales externos, acerca de la conveniencia de la reducción de las desigualdades entre las regiones urbanas avanzadas y las rurales agrícolas (comúnmente postergadas), a través del mejoramiento de la infraestructura y la transferencia de una porción de la inversión extranjera hacia las zonas de menor desarrollo, lo que favorecerá el empleo y la calidad de vida.
Todo lo anterior conducirá a que las cooperaciones internacionales estarían lejos de concebirse de un modo aislado de las realidades del poder político, tal como ha sido la norma. Por el contrario, ellas se convertirían en genuina herramienta de los países desarrollados, en aras de promover el cambio y la modernización en las naciones pobres; sería como una especie de condicionalidad democrática que se institucionalizará en las relaciones políticas y de cooperación entre los Estados desarrollados y los más necesitados.
Lo advierten algunos científicos sociales estadounidenses, quienes aseguran que “en no pocas naciones de América Latina es imposible estimular las transformaciones sociales desde adentro, sino que éstas hay que alentarlas desde afuera, bajo la colaboración solidaria de las potencias democráticas.
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