El bicameralismo llegó a ser una tesis que en las pasadas décadas rondaba por las instancias políticas de Costa Rica. En síntesis, el bicameralismo es aquel sistema político en el que existen dos cámaras o asambleas parlamentarias, en la que una representa a las provincias nacionales o Estados locales (según sean las circunstancias) con igualdad de representantes, y la otra al conjunto de la Nación y a los ciudadanos individualmente, en función de su número.
En los regímenes de tendencia corporativa la segunda cámara (el Senado) aspira a ser una representación orgánica de los factores políticos, económicos y sociales. En ella se supone que el debate es de mayor calidad que en el de la primera cámara, pues aquí son abordadas las necesidades particulares de cada provincia, o bien de un Estado miembro de una Federación, llámese, los Estados Unidos de América, México, etcétera. En pequeños Estados como República Dominicana opera el sistema bicameral, lo mismo que en algunos de desarrollo medio. De manera tal, que ni la extensión del territorio ni las condiciones económicas son condicionantes para la instauración de cámaras altas o Senados.
Sacar a relucir tal alternativa, se debe a la incertidumbre de que el Poder Legislativo costarricense está en deuda desde hace tiempo con la ciudadanía. Ello se pone de relieve en el descenso de la excelencia del debate político, en gran medida por el mecanismo de circunscripciones, en extremo electoralista, empleado en la escogencia de los diputados, el que obedece en parte, a criterios clientelistas, regionalistas, o bien a lealtades partidistas, como lo es la distribución de cuotas de poder, asignadas a los líderes de las cúpulas de los partidos.
Todo lo dicho anteriormente, ahuyenta de la política a los intelectuales, expertos y notables, quienes encuentran como un obstáculo infranqueable contra sus motivaciones, al propio sistema electoral de carácter piramidal, que da forma a las leyes electorales costarricenses. En palabras simples: para que una personalidad reconocida por sus aportes científicos, políticos y culturales, pueda alcanzar una curul en el Congreso, deberá enfrentarse en un escrutinio activo, a un gamonal de una región o a un militante habilidoso en cazar votos en las estructuras de base comunitarias o sectoriales.
Una limitante que pone en desventaja a gente desacostumbrada a realizar tareas relacionadas con el activismo electoral, tiene como origen el predominio de las asambleas distritales, cantonales, nacionales, es decir el “carrerismo político”, el que “certifica” la capacidad de los aspirantes a los puestos de elección popular, y de igual modo expresa los juegos de poder, frecuentemente personalistas, corporativos y localistas.
Por esta última razón, se le atribuye al Poder Legislativo el haber entrado a una fase de “municipalización”, desde luego que en esto tiene una enorme responsabilidad el debilitamiento de los partidos políticos, más entregados, como se dijo, a la competencia electoral y a responder a los apetitos de poder de determinadas élites y cacicazgos. Justamente, esta enfermedad la registran tanto las formaciones minoritarias como las mayoritarias, la cual se acentúa por toda América Latina.
La Cámara Alta podría constituirse en un paliativo para frenar el fenómeno de “la municipalización” de los parlamentos, pues consiste en ofrecer márgenes de participación más amplios a “la inteligencia nacional”, evitando que sea el político profesional, quien monopolice el proceso de producción de las leyes, obligado a depurarse. Valdría la pena que tal tesis del establecimiento del Senado, se adicione a la tendencia de la reforma parcial de la Constitución Política, dado que la convocatoria a una constituyente carece del consenso nacional. Asimismo, la Carta Magna de 1949 es sinónimo de cohesión ideológica, con la cual los diversos sectores políticos se encuentran identificados.
Además de la propuesta de un sistema político bicameral, hay otro planteamiento que ha quedado rezagado de la discusión interna: el que se encamina a establecer dos provincias nuevas, una al norte y la otra al sur del territorio nacional. Está asociado a la necesidad de aplicar cambios en la división político y administrativa. Resulta inconcebible que los cantones de Los Chiles, Upala, Ciudad Quesada y San Rafael de Guatuso, tan distantes del núcleo central de Alajuela, continúen formando parte de esa provincia. Por eso no es de extrañar, que excepto Ciudad Quesada, los demás ocupen posiciones inferiores en los índices de desarrollo cantonal.
Así como Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón se ven afectados por su lejanía de Puntarenas y San José, es obvio que su reducida influencia en los procesos de elección de diputados y de las autoridades burocráticas, restringe sus oportunidades de crecimiento y desarrollo, por cuanto en los principales centros urbanos de dichas provincias descansan las decisiones mayúsculas, las cuales en múltiples ocasiones marginan las necesidades de las zonas periféricas y rurales.
Cabe preguntarse entonces acerca de la disposición de las formaciones en realizar grandes innovaciones en el sistema electoral, lo que incluye la división territorial; tal vez esto contribuya a que se regrese a la política de las ideas, así como a la construcción de oportunidades de todo tipo, a las que habrán de seguir teniendo acceso los habitantes de este país.
En los regímenes de tendencia corporativa la segunda cámara (el Senado) aspira a ser una representación orgánica de los factores políticos, económicos y sociales. En ella se supone que el debate es de mayor calidad que en el de la primera cámara, pues aquí son abordadas las necesidades particulares de cada provincia, o bien de un Estado miembro de una Federación, llámese, los Estados Unidos de América, México, etcétera. En pequeños Estados como República Dominicana opera el sistema bicameral, lo mismo que en algunos de desarrollo medio. De manera tal, que ni la extensión del territorio ni las condiciones económicas son condicionantes para la instauración de cámaras altas o Senados.
Sacar a relucir tal alternativa, se debe a la incertidumbre de que el Poder Legislativo costarricense está en deuda desde hace tiempo con la ciudadanía. Ello se pone de relieve en el descenso de la excelencia del debate político, en gran medida por el mecanismo de circunscripciones, en extremo electoralista, empleado en la escogencia de los diputados, el que obedece en parte, a criterios clientelistas, regionalistas, o bien a lealtades partidistas, como lo es la distribución de cuotas de poder, asignadas a los líderes de las cúpulas de los partidos.
Todo lo dicho anteriormente, ahuyenta de la política a los intelectuales, expertos y notables, quienes encuentran como un obstáculo infranqueable contra sus motivaciones, al propio sistema electoral de carácter piramidal, que da forma a las leyes electorales costarricenses. En palabras simples: para que una personalidad reconocida por sus aportes científicos, políticos y culturales, pueda alcanzar una curul en el Congreso, deberá enfrentarse en un escrutinio activo, a un gamonal de una región o a un militante habilidoso en cazar votos en las estructuras de base comunitarias o sectoriales.
Una limitante que pone en desventaja a gente desacostumbrada a realizar tareas relacionadas con el activismo electoral, tiene como origen el predominio de las asambleas distritales, cantonales, nacionales, es decir el “carrerismo político”, el que “certifica” la capacidad de los aspirantes a los puestos de elección popular, y de igual modo expresa los juegos de poder, frecuentemente personalistas, corporativos y localistas.
Por esta última razón, se le atribuye al Poder Legislativo el haber entrado a una fase de “municipalización”, desde luego que en esto tiene una enorme responsabilidad el debilitamiento de los partidos políticos, más entregados, como se dijo, a la competencia electoral y a responder a los apetitos de poder de determinadas élites y cacicazgos. Justamente, esta enfermedad la registran tanto las formaciones minoritarias como las mayoritarias, la cual se acentúa por toda América Latina.
La Cámara Alta podría constituirse en un paliativo para frenar el fenómeno de “la municipalización” de los parlamentos, pues consiste en ofrecer márgenes de participación más amplios a “la inteligencia nacional”, evitando que sea el político profesional, quien monopolice el proceso de producción de las leyes, obligado a depurarse. Valdría la pena que tal tesis del establecimiento del Senado, se adicione a la tendencia de la reforma parcial de la Constitución Política, dado que la convocatoria a una constituyente carece del consenso nacional. Asimismo, la Carta Magna de 1949 es sinónimo de cohesión ideológica, con la cual los diversos sectores políticos se encuentran identificados.
Además de la propuesta de un sistema político bicameral, hay otro planteamiento que ha quedado rezagado de la discusión interna: el que se encamina a establecer dos provincias nuevas, una al norte y la otra al sur del territorio nacional. Está asociado a la necesidad de aplicar cambios en la división político y administrativa. Resulta inconcebible que los cantones de Los Chiles, Upala, Ciudad Quesada y San Rafael de Guatuso, tan distantes del núcleo central de Alajuela, continúen formando parte de esa provincia. Por eso no es de extrañar, que excepto Ciudad Quesada, los demás ocupen posiciones inferiores en los índices de desarrollo cantonal.
Así como Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón se ven afectados por su lejanía de Puntarenas y San José, es obvio que su reducida influencia en los procesos de elección de diputados y de las autoridades burocráticas, restringe sus oportunidades de crecimiento y desarrollo, por cuanto en los principales centros urbanos de dichas provincias descansan las decisiones mayúsculas, las cuales en múltiples ocasiones marginan las necesidades de las zonas periféricas y rurales.
Cabe preguntarse entonces acerca de la disposición de las formaciones en realizar grandes innovaciones en el sistema electoral, lo que incluye la división territorial; tal vez esto contribuya a que se regrese a la política de las ideas, así como a la construcción de oportunidades de todo tipo, a las que habrán de seguir teniendo acceso los habitantes de este país.
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