“Sociedad decente” es la expresión empleada por Alexander Jiménez Matarrita en su libro: “La vida en otra parte. Migraciones y cambios culturales en Costa Rica”. El autor sugiere la imaginación de políticas, modelos educativos, principios morales, vidas familiares que permitan en este país, según él, “ llegar a ser alguna vez una sociedad” así. Lo que significa construir un país que no esté organizado alrededor del miedo, la hostilidad o la desconfianza. Al mismo tiempo concluye que siempre es posible alcanzar formas de vida más equitativas, incluido el trato humano y hospitalario a favor de los inmigrantes y refugiados, tal que sean reconocidos por sus múltiples contribuciones a la nacionalidad costarricense.
Quizás el libro de Jiménez despierte desacuerdos en el sentido de que algunas de sus proposiciones obedecen a una interpretación de la realidad costarricense que contrasta con otros puntos de vista políticos. Sin embargo, el marco ético para abordar un asunto complicadísimo como la migración, nos ofrece líneas maestras para reflexionar y proceder acerca del futuro de los intercambios entre migrantes y nativos, intensificados desde hace más de tres décadas; que es cuando la población comenzó a transformarse acá de modo acelerado. Siendo ahora más numerosa, más plurinacional y plurilingüe, un reto que nos impulsa a la creación de un ambiente positivo para su asimilación, afiliación e integración sociocultural.
Concebir que los extranjeros son los causantes de “la peste de la inseguridad ciudadana” o como el grupo que pone en riesgo las prestaciones sanitarias y educativas, así como las oportunidades de empleo (Jiménez Matarrita, 2009), ello ha constituido parte de las falacias con la cual se han producido en el pasado leyes torpes, como también planteamientos erróneos en las campañas políticas, que lo único que originan es el empobrecimiento de la percepción de los costarricenses contra las personas que ingresan aquí con “un proyecto de vida a cuestas”.
Hay que convencerse en que las migraciones representan un factor de desarrollo y de enriquecimiento cultural; Costa Rica no es ajena a tal dinámica social. Un reporte exhaustivo de la empresa consultora CEFSA, realizado hace 8 años dejó demostrado que en aquel entonces aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, resultó ser obra solo de la población nicaragüense, lo que pone al descubierto que la migración sigue siendo un componente fundamental de la realidad social y económica, además de un acontecimiento mayor de la historia costarricense.
Más recientemente, el Ministerio Público acaba de aportar cifras relacionadas con el ascenso de los homicidios en Costa Rica, en las cuales se comprueba que en tal tipología de delito es relativamente baja la participación de extranjeros, todo lo cual pone en entredicho las posturas de algunas formaciones políticas, en lo que atañe a las opciones de solución (equivalentes a políticas duras) para enfrentar la criminalidad, insinuándose que los extranjeros representan el enemigo interno.
Dichosamente, en el presente gobierno se ha impuesto el enfoque del imperativo humanitario en el abordaje de la migración. La aprobación de nueva legislación en dicha materia, derogando la anterior ley draconiana, habrá de favorecer las decisiones políticas y la normativa apropiada, tendiente a garantizar los derechos y el desarrollo humano de las personas migrantes (Jiménez, ibídem), en el convencimiento de “habitar un Estado de Derecho” pluralista y respetuoso de la dignidad humana.
Y en esa visión de fortalecer “sociedades decentes”, no nos queda otra alternativa que reconocer con legítimo orgullo la aprobación de la última reforma a la Ley del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), mediante la cual se extendieron los beneficios sociales a los inmigrantes, la cual protege igualmente a los niños, aunque sus padres se encuentren en situación migratoria irregular.
Esto quiere decir, que mientras se siga haciendo la solidaria multiplicación de los panes, a Costa Rica nunca le faltará nada…
Quizás el libro de Jiménez despierte desacuerdos en el sentido de que algunas de sus proposiciones obedecen a una interpretación de la realidad costarricense que contrasta con otros puntos de vista políticos. Sin embargo, el marco ético para abordar un asunto complicadísimo como la migración, nos ofrece líneas maestras para reflexionar y proceder acerca del futuro de los intercambios entre migrantes y nativos, intensificados desde hace más de tres décadas; que es cuando la población comenzó a transformarse acá de modo acelerado. Siendo ahora más numerosa, más plurinacional y plurilingüe, un reto que nos impulsa a la creación de un ambiente positivo para su asimilación, afiliación e integración sociocultural.
Concebir que los extranjeros son los causantes de “la peste de la inseguridad ciudadana” o como el grupo que pone en riesgo las prestaciones sanitarias y educativas, así como las oportunidades de empleo (Jiménez Matarrita, 2009), ello ha constituido parte de las falacias con la cual se han producido en el pasado leyes torpes, como también planteamientos erróneos en las campañas políticas, que lo único que originan es el empobrecimiento de la percepción de los costarricenses contra las personas que ingresan aquí con “un proyecto de vida a cuestas”.
Hay que convencerse en que las migraciones representan un factor de desarrollo y de enriquecimiento cultural; Costa Rica no es ajena a tal dinámica social. Un reporte exhaustivo de la empresa consultora CEFSA, realizado hace 8 años dejó demostrado que en aquel entonces aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, resultó ser obra solo de la población nicaragüense, lo que pone al descubierto que la migración sigue siendo un componente fundamental de la realidad social y económica, además de un acontecimiento mayor de la historia costarricense.
Más recientemente, el Ministerio Público acaba de aportar cifras relacionadas con el ascenso de los homicidios en Costa Rica, en las cuales se comprueba que en tal tipología de delito es relativamente baja la participación de extranjeros, todo lo cual pone en entredicho las posturas de algunas formaciones políticas, en lo que atañe a las opciones de solución (equivalentes a políticas duras) para enfrentar la criminalidad, insinuándose que los extranjeros representan el enemigo interno.
Dichosamente, en el presente gobierno se ha impuesto el enfoque del imperativo humanitario en el abordaje de la migración. La aprobación de nueva legislación en dicha materia, derogando la anterior ley draconiana, habrá de favorecer las decisiones políticas y la normativa apropiada, tendiente a garantizar los derechos y el desarrollo humano de las personas migrantes (Jiménez, ibídem), en el convencimiento de “habitar un Estado de Derecho” pluralista y respetuoso de la dignidad humana.
Y en esa visión de fortalecer “sociedades decentes”, no nos queda otra alternativa que reconocer con legítimo orgullo la aprobación de la última reforma a la Ley del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), mediante la cual se extendieron los beneficios sociales a los inmigrantes, la cual protege igualmente a los niños, aunque sus padres se encuentren en situación migratoria irregular.
Esto quiere decir, que mientras se siga haciendo la solidaria multiplicación de los panes, a Costa Rica nunca le faltará nada…
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario