Poblaciones humanas sin Estados propios.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo

La guerra de Sri Lanka enfrentó por más de 25 años a la mayoría cingalesa (allí originaria y budista) con la minoría tamil - hinduista, de inmigración más reciente y en un principio con mayor educación para el trabajo en las plantaciones de café y té - trasladada esta última del sur de la India a la isla de Ceilán por los británicos colonialistas. Los tamiles se asentaron en el noreste de la isla y con el tiempo retrocedieron a los niveles sociales inferiores, más cuando los cingaleses los obligaron a adoptar su idioma y a negarles un mínimo de autonomía, a pesar de los intentos fallidos de los acuerdos de paz para reducir las tirantes confrontaciones.

Los acontecimientos bélicos de esa isla del sur de Asia, es un reflejo del padecimiento de múltiples conglomerados nacionales o bien de aquellos grupos étnicos que carecen de Estado propio, a pesar de habitar en la tierra que adoptaron. Esto en verdad se ha transformado continuamente en un detonante de tensiones políticas y sociales. Luego como punto culminante explotan en gravísimas guerras violentas, lo mismo que dan cabida a la delincuencia, arrastrando verdaderas crisis humanitarias, miseria, epidemias, éxodos de refugiados, exilios forzados y emigraciones en masa, entre otras calamidades; en cuenta la reaparición de tendencias nacionalistas y racistas de extrema derecha en especial en los países europeos que por lo general son receptores de migrantes provenientes de esas comunidades nacionales, situadas en su mayoría en Asia y África .

Al dejarse a la deriva tales conflictos o al desatenderse irresponsablemente, el dramatismo que experimentan dichos grupos humanos resurge de manera súbita o puede ser que su acentuación sea por aproximación sucesiva, en razón de la acumulación de acontecimientos históricos casi que irremediables, los cuales se remontan a milenios o centenas de años.

Considerados, frecuentemente, en su propia tierra natal o adoptiva como grupos sociales inferiores, por ser también socialmente insolventes y postergados, tampoco son reconocidos en sus territorios como minorías sociales, dado que para el poder dominante representan un peligro y amenaza sus exigencias por el restablecimiento de autonomía o en su lugar la independencia nacional, como también al demandar respeto a su identidad y a sus libertades políticas, culturales, religiosas y lingüísticas.

Conforme evolucionan los conflictos se comienzan a tejer universos cercenados por un odio cultural o étnico irreconciliable, atizados algunos de ellos, por motivaciones geopolíticas y geoeconómicas, sea por la protección de materias primas estratégicas y por la seguridad de rutas comerciales; toda vez que alientan el recurso extremo de acudirse a soluciones militares, como en el caso particular de Sri Lanka, las que apenas son paliativos o soluciones aparentes, pues las raíces sociales y culturales profundas seguirán latentes y volverán a estallar.

La incapacidad por parte de los gobiernos y los protagonistas directos de ceder y buscar el bien común y el equilibrio, se transforma inequívocamente en el principal obstáculo que impide la aplicación de fórmulas civilizadas que coadyuven a la pacificación. En Sri Lanka hay que abonarle a la comunidad internacional el abandono e indiferencia frente a dicha disputa, con la excepción de la India y posteriormente Noruega que se comprometieron a servir en algunos instantes como mediadores. Sin la cooperación de estas dos naciones la tragedia pudo haber empeorado.

Antagonismos similares a los de Sri Lanka, se escenifican en otras zonas de conflicto: los palestinos y los israelíes que se descalifican mutuamente en el Medio Oriente, una disputa repleta de acuerdos políticos y diplomáticos incumplidos. Los Kurdos son objeto de represalias y humillaciones por parte de Turquía y, hace casi dos décadas, Saddam Hussein trató de exterminarlos. La patética realidad de los habitantes del Kosovo es un vivo ejemplo de negación de su independencia por parte de Belgrado. La cruda realidad de los chechenos en el Cáucaso, cuyos levantamientos por lograr la autonomía, fueron sofocados con excesiva dureza por la Rusia de Putin. En el Asia se localiza el Tíbet, una nación mancillada por la represiva China Popular, quien al mismo tiempo lleva a cabo una guerra política contra el pueblo de Taiwán, negándole su independencia como nación.

Lo mismo se puede decir del rechazo contra las poblaciones del sur y occidente del Sudán africano, las que se resisten a la islamización árabe impulsada por el genocida Omar al-Bashir, quien rechaza por consiguiente la autonomía de los habitantes no árabes de Darfur. Las luchas de poder y los consabidos etnocidios entre hutus y tutsis en Ruanda, dos grupos étnicos que se profesan un odio sin límites, obligados a refugiarse en naciones vecinas, tan violentas como su patria.

Tampoco hay que ir tan lejos. Producto de la guerra fronteriza entre El Salvador y Honduras en 1969 quedaron en condición de apátridas centenas de personas, especialmente campesinos salvadoreños que hubieron ocupado tierras hondureñas. Y se pueden ir relatando múltiples sociedades humanas que carecen de arraigo jurisdiccional o, lo que es igual, de territorios debidamente demarcados. Mientras que en el extremo opuesto sobresalen microestados apenas con mínimo de territorio, con poquísima población y ninguna materia prima relevante, pero que tienen rentas per cápita bastante elevadas, citense Mónaco, Liechtenstein, Gibraltar, Singapur, etc.

Esta vieja complicación de los grupos nacionales y étnicos sin Estado acarrea el peligro de que sean atraídas las organizaciones terroristas y se abra el portillo a los movimientos extremistas e intransigentes en los escenarios de las conflagraciones (como sucedió con los Tamiles en Sri Lanka forzados a aprender el idioma cingalés), quienes se aprovechan de la violencia y de las frustraciones de tales nacionalidades, se desacreditan las vías de negociación, por lo que las hostilidades se transforman repentinamente en potenciales riesgos y amenazas transfronterizas; por eso se produjo el asesinato de Rajiv Gandhi, el presidente de la India.

Asimismo y como se ha repetido en otros hechos bélicos, las potencias mundiales y regionales aprovechan las circunstancias de la violencia para efectuar sus propios cálculos. De ello ha sido testigo el Medio Oriente y aquellas zonas de tensión africanas, máxime si existe como transfondo la protección de recursos energéticos estratégicos. De este modo, se puede visualizar las montañas del Kurdistán de donde se proveen de petróleo Turquía, Siria, Irán y hasta el propio Irak. Del Sudán y el Chad, y de otras naciones africanas en conflicto, se sabe que de allí Occidente y la China Popular se suplen de recursos energéticos vitales para el desarrollo de sus economías e industrias de alta tecnología. Por su parte, los fosfatos de las tierras de los saharauis son la ambición de los marroquíes, por eso dicha etnia ha visto frustradas sus aspiraciones de adoptar un Estado independiente.

Así entonces, hay que dejar de sorprenderse por que el gobierno cingalés de Sri Lanka haya logrado aplastar con facilidad, en estos meses, la guerrilla de los Tigres Tamiles, pues es conocido que la China Popular dotó al gobierno de una flota de aviones modernos para los bombardeos, a cambio de que ese gobierno le permitiera construir en su territorio un puerto en el Océano Índico, a efecto de proteger sus barcos mercantes. Si no hubiera sido por ese trueque, la guerra que llevaba más de 25 años se hubiera prolongado.

En cambio en Ruanda había poco que perder. De ahí el atraso de Occidente y de la propia Organización de las Naciones Unidas en intervenir en los genocidios fabricados por hutus y tutsis, en otras palabras, porque en la nación ruandesa hay ausencia de energéticos estratégicos para las potencias regionales y globales.

Desafortunadamente cada cuestión conflictiva de éstas, que conlleva inseguridad e inestabilidad internacional, es abordada casuísticamente y de forma aislada por la Organización de las Naciones Unidas y por las demás organizaciones relacionadas con el derecho humanitario, cuando es de suponer que lo correcto sería encontrar una fórmula realista acorde con el derecho internacional, a fin de resolver de manera unificada e integral la precaria condición de todas esas comunidades o etnias en desarraigo, así como se hizo en décadas pasadas para condenar y poner fin al colonialismo en África y Asia. Tal vez estoy hablando de utopías, al prescindir de aquella lección que dice que son bien poderosos los intereses creados en las relaciones internacionales.

Paraguay y Guatemala con mandatarios sin credibilidad.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

A continuación dos experiencias para meditar.

En una sociedad con una tradición represiva y vertical como el Paraguay,la mujer es la de los sectores que mayormente ha sido víctima del rezago cultural, discriminación y desprotección legal, lo cual trasciende incluso al ámbito del trabajo. De ahí, las batallas intensas de las organizaciones feministas por aumentar las oportunidades de participación política y civil; y, en especial, las referidas con la búsqueda de derechos (casi inexistentes) a favor de las mujeres en situación de embarazo y en la etapa de amamantamiento, las que, al mismo tiempo, forman parte de la población económicamente activa.

Según diferentes estudios hechos en esa nación suramericana, la posición desventajosa de la mujer se agrava en el medio rural, en el que dicho sector constituye una clara mayoría de la población analfabeta y donde la mitad de las madres son solteras y jefas de hogar. Por lo captado a través de las imágenes difundidas por la prensa internacional, las mujeres que hasta ahora se decidieron a plantear reclamos judiciales de paternidad y de manutención de los niños contra el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, sacerdote y ex obispo católico, entran en dicha condición de marginalidad.

Relatan los despachos noticiosos que una de ellas, además de ser bastante joven, reside justamente en el empobrecido departamento de San Pedro. Es decir, el afamado presidente ha actuado como el típico hombre machista que evade las obligaciones biológicas y morales de alimentar y asistir a sus vástagos, dicho sea de paso, una conducta permisiva en América Latina, aunque criminal. Los ocultó y los abandonó, y con el descaro de los políticos de su linaje, no escatimó esfuerzos para presentarse como candidato a la presidencia de su país. La alcanzó, abanderando la tesis del “progresismo” social y exponiéndose como paladín contra la corrupción, en un país en el cual ese virus contagioso ha socavado dramáticamente las bases institucionales del Estado y su estructura civil. Muestra de ello, es el anatema que arrastra el comportamiento ambiguo de ese presidente, que atenta contra la dignidad de la mujer y la doctrina de su propio credo religioso.

Con tal nivel de consciencia y de desapego a la verdad, tampoco es de extrañar que las bases sociales del partido político que en las elecciones respaldaron a Lugo, lo acusen ahora de mentiroso y de presidir “un gobierno fallido”, el cual procede en vía contraria a lo comprometido en la campaña “populista” que lo llevó a la máxima jerarquía de la República. “Cosas veredes, amigo Sancho”.

Otra lección. Cerca de aquí nos damos cuenta de esta oscura historia: el apocalipsis en Guatemala. Allí al parecer es indiferente la vida o la muerte, por eso el crimen organizado ha construido un “Estado paralelo”, superando en recursos y en capacidad de movilización al Estado formal y ficticio. Éste tan incapaz por centenas de años de vencer la impunidad, la violencia, la discriminación racial y la pobreza irreversible.

Complejidades todas ellas, que hasta él mismo Estado se ha encargado de tutelarlas, sea desde los primeros años de la independencia, pasando por Estrada Cabrera y Ubico y el séquito de dictadores militares, entre los insólitos Peralta Azurdia, Arana Osorio y Ríos Montt, empleados de la oligarquía criolla y la de acento europeo, que otrora, junto con la antigua guerrilla procubana-soviética imperialista, y en estos años con los capos, han causado “un politicidio” (concepto inventado por el sociólogo judío Baruch Kimmerling), equivalente “a la destrucción de la nación”; esta vez a punto de tocarle el turno a Guatemala, merecedora de otro destino, dados sus encantos pluriétnicos y culturales, además del majestuoso manto de su eterna primavera.

Más de 6000 homicidios hubo en el 2008 en ese país centroamericano. En tal “paraíso del crimen y la impunidad” hay protagonistas de diferente extracción social: desde las maras compuestas por los “pobres diablos”, o aquellas maras de “cuello blanco”, esta última metida en una canasta en la que posan una gama de empresarios, militares de rango superior y políticos amorales, a los cuales pronto se les sumarán (oficialmente) como cabeza visible, los cárteles del narcotráfico mexicano.

Guatemala está gobernada por Álvaro Colom, un sacerdote maya (el líder del Paraguay es sacerdote católico), el mismo que hace unos días le pidió perdón al tirano Fidel Castro por el involucramiento de su país en la incursión a la bahía Cochinos. Palabras odiosas y humillantes contra las sufridas familias de los guatemaltecos caídos en la pasada guerra genocida, en la cual tuvo amplia injerencia el eje criminal cubano- soviético.

Colom ha copiado el método de conducción de gobierno, impuesto por la pareja Ortega – Murillo en Nicaragua, por lo eficaz que resulta controlar los hilos del poder y en lo que significa prevenir los repartos indecibles de las piñatas, el blanco predilecto de los bandidos en la política: de los tantos que acusa su desacreditada administración, cuyos ingeniosos allegados, escasamente se inmutaron en tratar de silenciar y mandar a asesinar luego al ilustre abogado Rodrigo Rosenberg, quien investigaba el atroz homicidio de Khalil Musa y su hija Marjorie Musa.

Frente a la impunidad que allí reina, parecieran ser redundantes las pruebas concluyentes. Un presidente que atrae criminales es tan culpable como los mismos criminales, por lo tanto Colom merece, como mínimo, una estricta condena moral. El financiamiento de su campaña electoral estuvo rubricada por individuos de dudosa reputación, lo que siguió han sido los pagos de favores en licitaciones, contrataciones y nombramientos sigilosos en Banrural, lo que suponía después crónicas de muertes anunciadas, ya que ese Banco está copado por mafias.

En primera instancia, lo que corresponde es la separación momentánea del presidente Álvaro Colom, mientras se desarrollan las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que de seguro serán tortuosas. Y por otra parte, que la Organización de los Estados Americanos mantenga en minuciosa observación a Guatemala, de suerte tal que deba impedir el ascenso al poder de los grupos antidemocráticos y represivos, tan de ingrata memoria.

América Latina: la democracia enfrenta señales de riesgo.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

Rara vez suele difundirse un pronunciamiento en América del Sur de tal envergadura.

Resulta que el arriesgado congresista argentino, Luis Gonzales Posada, lamentó que América Latina se esté convirtiendo en el “patio trasero” de los vendedores de armas específicamente de los Estados Unidos de América y de la Europa industrializada, por lo que consideró necesario que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convoque a una cumbre especial para abordar y reflexionar sobre el tema, y de este modo contener el armamentismo en la región. Y quizás agregarle valor a la tesis del argentino, acerca de la necesidad de diseñar un nuevo concepto (democrático y civilista) de seguridad hemisférica.

González Posada enfatizó que la compra de armas por parte de algunos países de la región, ha fracturado “el equilibrio estratégico pasado”, desencadenando presiones hacia una carrera armamentista: causa de temores, suspicacias y distancias emocionales entre los pueblos, que por lo demás, está lejos de tener algún tipo de sustento, primordialmente en un continente que se jacta “de paz e integración”.

Por supuesto que sí consiste un acto “cínico”, como lo califica dicho congresista, que al lado de los anhelos de integración existan países que le concedan prioridad al armamentismo en los presupuestos nacionales. La mayoría de las élites latinoamericanas se ven enceguecidas por esta realidad distorsionante, que va en detrimento de los legítimos propósitos del desarrollo democrático.

Obsérvense las (desafortunadas) manifestaciones de una de las máximas autoridades de defensa del Perú, quien se congratula ante la aprobación del proyecto de ley en su país, por el cual un 5% de las futuras regalías y canon por la explotación de recursos naturales, serán destinadas a las Fuerzas Armadas, a efecto “de darles sostenibilidad y potencialidad… y para adquirir una necesaria capacidad disuasiva”.

Sospechando del carácter pacífico de la determinación de Chile (que miramos con malos ojos) de gastar 450 millones de dólares en nuevas compras militares, el alto cargo militar peruano explicó “que la anunciada compra de una flota de 18 de aviones de combate F-16 por parte del gobierno de Michelle Bachelet a Holanda, así como otras adquisiciones militares en la región, generan una innegable situación de asimetría.

El desasosiego de ese militar lo hace “reconocer” en que sería deseable que entre países hermanos, según él, “con proyección hacia el futuro y con un origen común”, se invirtiera más en salud, educación e infraestructura en beneficio de los ciudadanos, antes que en material bélico.

Obviamente, que primero el Brasil y Argentina y, luego, Venezuela despejaron el camino en cuanto a la ruptura de tal supuesto equilibrio militar, al confundirse también como potencias subimperialistas; hasta el colmo en que una de ellas se obsesiona por alcanzar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin poseer suficientes legados y méritos históricos y políticos. En cambio, Colombia, con todo el suplicio de la guerra doméstica, cuya finalización se calcula entre 15 y 20 años, además de la inseguridad que implica cohabitar con vecinos conflictivos, ha conseguido destruir todas las bombas racimo existentes en el país, dando así cumplimiento al Tratado de Oslo, que impide la fabricación, comercialización y tenencia de este tipo de explosivos.

Asimismo, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe suscribió la Convención de Ottawa en 1996, el cual prohibe y restringe el empleo de minas antipersona y de armas convencionales, susceptibles “de considerarse como nocivas o de efectos indiscriminados”. Aquí es cierto que se visualiza la gran fe de la sociedad libre colombiana de encontrar fórmulas para salir adelante, decidida “a proyectarse al futuro”, retomando así la expresión del candoroso alto militar peruano.

A decir verdad, dentro de la diversidad de la experiencia histórica del siglo XlX (reproducidas en el siglo XX) se descubren en América Latina grandes resabios de la herencia colonial, síntomas de su supervivencia en condiciones coercitivas que le favorecieron, entre otros fenómenos, la continuidad de aparatos del Estado, en especial la jurisdicción privilegiada del enclave del Ejército en las naciones iberoamericanas (Stanley J. y Barbara H. Stein, 1974).

El Ejército en esta área geográfica resultó ser decisivo en las etapas oscuras de interrupción de los procesos democráticos, así como en lo que hubo de significar la obstrucción de la sociedad civil, la brutal represión contra los derechos fundamentales de las gentes, lo que comportó el agravamiento del saqueo y la corrupción con la complicidad de la legión de los Porfirio Díaz, Maximiliano Hernández, Estrada Cabrera, Perón, Odría, Stroessner, Pérez Jiménez, los Somoza, Pinochet, Videla, Fidel Castro y Daniel Ortega.

Así las cosas el Ejército en cada país ha sido un aparato que en forma de rémora de los presupuestos nacionales, continúa siendo protagonista de monumentales hurtos como los que se descubrieron en estos momentos en Argentina y Chile, donde oficiales de la Fuerza Aérea y Armada, respectivamente, malversaron cuantiosos recursos económicos.

Sin embargo, gastando en privilegiados salarios a favor de los uniformados, lo mismo que en la injustificada adquisición de armas y aparatos de guerra, algunos gobiernos latinoamericanos, que padecen de amnesia, le fortalecen las alas al animal ponzoñoso, de cuyo exclusivismo y agresiva estructura psicológica, les podrían tarde o temprano sacar los ojos, haciendo retroceder a la sociedad en su conjunto.

Lo ideal es que tales recursos presupuestarios sean reasignados a actividades claves de las economías. Por ejemplo, el expresidente chileno Ricardo Lagos sugiere pautar con los Estados Unidos de América, en igualdad de condiciones, múltiples proyectos (o anillos) energéticos, como también del medio ambiente y el cambio climático, tal como lo lanzó igualmente el Presidente Barack Obama en la pasada Cumbre de Trinidad y Tobago.

Con dichos emprendimientos entre estadounidenses y latinoamericanos, se reduciría la conflictiva dependencia global de los combustibles fósiles; es una manera de alejarse de caminos equivocados (nunca aconsejables de reforzar las Fuerzas Armadas). Y como lo recalca el expresidente Lagos, se trabajará con la mirada puesta en los recursos energéticos, en no quedarse atrás, y en asumir que de esta conmoción económica mundial se sale avanzando mediante diseños sociales inteligentes, generadores de desarrollo social.

En este orden de los riesgos, y no menos preocupante son los déficits de confianza que afrontan los partidos políticos. Precisamente, un reporte de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, intitulado “Amenazas y tendencias en materia de corrupción en el siglo XXI”, dado a conocer en México, sostiene que sólo en una tercera parte de los países (incluida América Latina) hay leyes adecuadas, para frenar el dinero ilícito en las campañas políticas, lo que socava la competencia electoral e induce a los ciudadanos a que desalienten, alejándose de la política, y que, en última instancia, pierdan la confianza y el respeto por las instituciones democráticas.

El estudio en mención comprueba la inaccesibilidad a la información, la falta transparencia en la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales, aspectos que están escasamente reglamentados, por lo que se favorecen las prácticas más comunes de la corrupción política, tales como la financiación ilícita de partidos, elecciones y compra de votos, hasta el tráfico de influencias por parte de políticos y funcionarios públicos electos.

A estas irregularidades en el financiamiento de los partidos políticos, consideradas por el reporte de la ONU como un factor perturbador contra la competencia entre los partidos políticos y por consiguiente contra la democracia multipartidaria, se suma la propensión latinoamericana hacia esa irracional carrera armamenista, que como fue señalado, no es sino una amenaza que pone en entredicho la sostenibilidad democrática, especialmente por la discutida vocación democrática de los actores que están detrás, los cuales se niegan a perder exclusividades en la sociedad política. Por ello entonces, no cabe más remedio que mantener en funcionamiento los radares y las alarmas.

Costa Rica: “la personalización de la política”.

Por: Lic. Ronald Obaldía González/Politólogo.

El principio de la jornada electoral de Costa Rica está poniendo de manifiesto la insuficiencia de sustancia, lo que podría ser una fuente de riesgo, por cuanto le cierra el paso al sistema democrático, en su misión de alcanzar niveles superiores de madurez. Una especie de personalización política (David Rieff, 2009) se percibe cuando los votantes, en contraste con el proyecto o programa de gobierno que está ausente, consumen más una propaganda que los induce a concentrarse primordialmente en las personalidades de los candidatos presidenciales (en el currículum o la biografía), uno de ellos, con el que tendrán que convivir durante cuatro años.

Como parte del juego político, ha prevalecido la tendencia de algunos candidatos de insistir en diferenciarse públicamente de sus contendores para conquistar respaldo, sea a costa de los legados y logros de otras personalidades (gubernamentales), quienes le acompañan en sus aspiraciones, o bien se hace hincapié en la presentación de sus antecedentes personales, marginando información acerca de la capacidad de gobernar de su propio partido político, en cuenta de sus equipos de base, en cuanto a impulsar renovados intereses nacionales, en caso de alcanzar el poder. Toda vez, en cierta medida, da lugar al morbo de pensar en que serán reservados casi todos los resortes del poder para el próximo presidente y su núcleo reducido de asesores.

Este tipo de discurso o modalidad de la vida política, pareciera estar influyendo en la actual campaña política costarricense, en la que es relevante la biografía e imagen de una persona, sobre la cual se crea un político ante la opinión pública, de forma que mediante una hábil propaganda (“yoísta”, moralista o populista) se logre que un mayoritario sector del electorado tienda a desentenderse del supuesto proyecto nacional que tal candidato representa.

El peligro de este fenómeno de personalismo (desviacionista) es la anulación del pensamiento y del enfoque políticos que comporta el abordaje de las justas electorales. Puede que en ello intervengan factores diversos, sean de carácter moral y psicosocial, el carisma (prestigio, audacia, etcétera) y, por supuesto, el juego de las circunstancias históricas, lo que empuja a que la campaña descanse también en las cuestiones operativas en desmedro de la ideología y del análisis profundo de la realidad nacional. Cuando el capitán del barco ignora las cartas de navegación, el barco carece de rumbo.

Asimismo, la acción política surge de visiones doctrinarias compartidas. El ejercicio del poder emerge de un sentido de organización programática y de efectivas estructuras de cuadros de partido de cara a hacer gobierno; no así de las habilidades y operaciones personales de los políticos, los cuales con ese polémico estilo, terminan sintiendo desdén por las estructuras de base partidarias, que les sirvieron de plataforma a sus aspiraciones.

Por eso, los que trabajan en una formación han de tener claro el objetivo de fomentar después la asociación y la participación dentro del gobierno. Este aparato “se ejerce mediante la asignación de responsabilidades según los recursos (y potencial) de un país” (Henry Kissinger, 2009); sobre la base de objetivos y acuerdos precisos dentro del partido y de la negociación con otros partidos; se define entonces el espectro de temas y las prioridades inmediatas y mediatas, como también se rescatan las materias estancadas y se identifican las herramientas idóneas que permitan dar solución a las nuevas complejidades que enfrentan todas las naciones en el Siglo XXl, inaugurado con terrorismo y aceleración del crimen transnacional, la expansión de pandemias, contrariedades en los energéticos y la alimentación, además de la grave recesión de los sistemas económico y financiero globales, puestos en entredicho. Lo que obliga a pensar todavía con amplia perspectiva ideológica, armonizando los intereses nacionales con el contexto y la dinámica internacionales.

A diferencia de décadas pasadas, en el debate electoral se dedicaba suficiente espacio a confrontar las doctrinas que cobijaban las distintas formaciones, tales como la socialdemocracia, el socialcristianismo, al liberalismo clásico o bien al socialismo de izquierda. Ahora esta campaña electoral da cuenta de un ocultamiento de los idearios y los proyectos nacionales de los principales partidos políticos, en la que pareciera primar el grosor del curriculum, el “carrerismo” político o la pequeña política, parámetros que por suerte quedaron desvirtuados finalmente en la escogencia del Presidente de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo.

Las referencias a la tradición de los partidos políticos han perdido vigor (y por consiguiente la decadencia del pensamiento doctrinario), como también ha resaltado el clima desfavorable hacia ellos, lo cual para el sistema democrático es imperdonable, en tanto que ellos son las entidades mediadoras entre el Estado y la sociedad civil. Todavía en el periodo electoral anterior no era tan evidente esta anulación de las trayectorias positivas de las formaciones políticas.

Particularmente, el Partido Acción Ciudadana (PAC) había hecho un tipo de discurso en el que combinó el planteamiento de una formación bien sólida, y en ciernes, con el amparo de una figura política inteligente, que en el trasanterior y último proceso electoral había obtenido un notable desempeño. Mientras que en este momento, el PAC busca equilibrar la balanza del poder del líder original, con el auge de otros personalismos, que en verdad están alejados de poseer la clara visión y la cultura política de su líder fundador.

Evitando una derrota mayor en las elecciones del 2002, el Partido Liberación Nacional se atrincheró en los logros históricos de la socialdemocracia criolla, lo cual dio resultados, pues evitó quedar relegado como tercera fuerza política, lo cual hubiera atentado contra su sobrevivencia. Entretanto, el candidato liberacionista pasó a ocupar en dicha confrontación una posición casi marginal, de manera tal que, por parte de los votantes, hubiera mayor identificación con la historia, las fortalezas y las cuantiosas contribuciones de esta formación política en la construcción de la Segunda República.

Del mismo modo en la pasada elección, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fue el que se esforzó, con relativos frutos, por retomar la táctica de poner como frente de lucha los orígenes y las conquistas sociales del partido a lo largo de más de sesenta años de su gestación, menos que las destrezas de su propio candidato, ello con el propósito de evitar su extinción del panorama político nacional, en razón de los remezones en el que se vieron involucrados sus principales dirigentes.

En cambio, el Movimiento Libertario pareciera que su extraordinario éxito y capacidad fue apenas flor de un día, cuando alcanzaron una copiosa representación en el Congreso en los pasados comicios. Habiendo expuesto la tesis neoliberal a ultranza de manera consistente, acompañada de posturas y tácticas legislativas disciplinadas y coherentes con su programa doctrinario, ahora es otro decir: le restaron calibre a su interesante propuesta ideológica liberal, a cambio de ofrecer preocupantes señales de incurrir en la técnica de la personalización, resaltando los atributos y el comportamiento ejemplar de su candidato en un caso de corrupción, como dosis para rescatar el caudal electoral que se supone le ha disminuido en esta palestra.

Ni que decir sobre la izquierda costarricense. Allí han tenido alta cuota de responsabilidad las rivalidades y las ambiciones personalistas, que sobrepasan las contradicciones doctrinarias, las que estropean cualquier intento de unidad. Solo es suficiente con observar el desenlace farragoso de dichas organizaciones en su oposición ideológica contra el CAFTA – RD, donde salieron a relucir la atomización y los grupúsculos en manos de líderes desacreditados, quienes han dado al traste con la consolidación de un frente común.

Lo mismo que al repasar la historia costarricense, no sobra señalar que la segunda mitad del siglo XlX así como todo el siglo XX de la vida republicana fueron ciclos politizados, en los que prevalecieron el pensamiento ideológico y los partidos politicos. Específicamente, en la época del florecimiento de la economía del café, la cúpula de la élite social albergó la Ilustración europea y las ideas que dieron lugar a la Independencia de los Estados Unidos de América, como también el liberalismo, la masonería y la ideología del progreso “en su versión capitalista y positivista” (Iván Molina y Steven Palmer, 1997). En la otra acera de enfrente, los campesinos y artesanos se adherían a identidades locales, en lo cual sobresalió el protagonismo del clero católico quien se decidió a fundar en 1891 (Carlos Monge Alfaro, 1982) una organización política, la cual enfrentó a los liberales cafetaleros: el Partido Unión Católica, impulsado por Monseñor Bernardo Augusto Thiel, que años antes fue expulsado por los políticos liberales anticlericales. Antes se citó la resonancia en el Siglo XX del pensamiento social de la Iglesia Católica, las doctrinas social cristiana y social demócrata, al igual que el comunismo criollo en la edificación de la sociedad moderna costarricense.

Creo que los partidos políticos deben regresar a la ideología, al plan de las ideas, porque sobre ello es donde funcionan adecuadamente las naciones. Cierto que el mejor exponente a nivel mundial del estilo de la personalización de la política es Barack Obama, sin embargo, hay que reconocer que él se apegó también a la política de pensamiento y al plan programático de un Partido Demócrata reestructurado, planteando a la vez un ideario reformista convincente, el que al final cautivó la atención de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

Con toda razón, el gran Daniel Oduber trató de prevenir que su partido se convirtiera solo en una maquinaria electoral, ayuna de pensamiento y carente de programas de educación y capacitación de las bases partidaristas. Oduber fue consciente de que al descansar el proceso electoral en la imagen personal del líder, los resultados esperados son de futuro incierto, ya en el ejercicio del poder; porque eso era darle cabida a la centralización personalista, la demagogia y la ineficacia, lo cual hace perder credibilidad a cualquier Presidente de la República, se reduce la ilusión por la democracia, se fragmentan los partidos políticos a causa de la falta de oportunidades de maniobra de los colaboradores y de la estructura de cuadros partidarios.

Por hoy prefiero abstenerme de hacer comentarios adicionales, porque me vienen a la mente aquellos eventos dolorosos que Costa Rica experimentó hace exactamente tres décadas, cuando un Presidente, de buena fe, dotado y carismático, cometió los errores típicos del personalismo, por lo que posteriormente su propio partido y el país tuvieron que pagar costos políticos extremadamente elevados.

Breve ensayo sobre: “La insoportable levedad del derecho internacional”, del autor: Walter Antillón Montealegre.

Por: Jorge Umaña Vargas/Internacionalista.

Pocas veces se reflexiona sobre la importancia (o no) de un Derecho Internacional como esperanza para lograr una mayor igualdad entre los distintos pueblos del orbe; es precisamente bajo esta justificación donde trabajos como el realizado por el Profesor Walter Antillón, cobran una trascendencia cardinal. Su exposición es clara, y en la mayoría de sus argumentos, lo respaldan los hechos[1].

Se debe recordar que la convivencia entre el ser humano ha sido conflictiva desde sus orígenes. Los grandes teóricos del Estado, como Thomas Hobbes (y su Leviatán) o John Locke (y su Sociedad Civil)[2], si bien tenían sus divergencias, la gran mayoría concordaba en que el Estado era una alternativa para organizar a las poblaciones y ofrecerles relaciones más pacíficas, ante las dificultades que suscitaba el trato entre iguales, por medio de un representante que obtenía ciertos poderes por consentimiento mismo de sus pobladores. Es decir, se renunciaba a ciertos derechos individuales, con el fin de vivir mejor en un contexto de sociedad.

Siguiendo esta línea, la idea es que si una persona pudiera vivir aislada estaría en mejores condiciones, mas al existir otras personas que desean beneficios que se obtendrían reduciendo los propios, un contrato social es necesario que regule esas relaciones, pues ambas partes entienden que llegando a acuerdos una con la otra vivirían, no mejor que solos, pero sí que si coexistiesen en escenarios conflictivos.

De esta manera, surgen tratados (constituciones, acuerdos, pactos, convenios, o cualquier otro nombre), las poblaciones se agrupan de acuerdo a condiciones afines y, poco a poco se va gestando lo que ahora se reconoce son Estado-Naciones[3]. Una vez formadas éstas, la misma historia se repite no entre individuos, sino ahora entre estados. Los escogidos para administrar la justicia de sus conciudadanos, poco a poco fueron abusando de sus prerrogativas las cuales, concuerdo con el autor, han dado forma a “soluciones pensadas a conveniencia del depredador (…) siempre en manos del lobo, sin oír nunca el parecer de las ovejas”[4].

El autor mismo, desde el inicio de su artículo, nos remonta al Tratado de Westfalia en 1648, afirmando que no fue otra cosa que “un convenio entre reyes”[5]. La historia según la expone el autor, muestra cómo los más fuertes[6] van creando las condiciones para articular las leyes (lo que más adelante fue aceptándose como Derecho Internacional) a su conveniencia.

Todo lo anterior podría, en alguna manera, explicar por qué en el contexto actual los Estados Unidos (EEUU), a pesar del repudio internacional a sus actos cometidos, no ha enfrentado consecuencias (más allá de las lógicas por su accionar mal calculado- la crisis financiera, como ejemplo) por sus atropellos internacionales. Cuando se crea a mediados del siglo pasado la Organización de Naciones Unidas (ONU), y todo lo que ello implicaba, los EEUU siguieron el mismo patrón histórico expuesto anteriormente: crearon las reglas en función de sus conveniencias[7].

En ese mismo sentido, cabe recalcar junto con el profesor Antillón que: “el derecho internacional ha logrado a veces algunos buenos resultados en los casos que afectan exclusivamente los intereses de países pequeños, pero ha fallado constante y repetidamente en los asuntos en que están involucrados los intereses de los poderosos de la Tierra”[8].

Una vez identificado el flagelo, lo que aún no se ha definido es la solución (suele suceder que se identifica el problema pero nunca se proponen medidas). El papel de la democracia va a ser fundamental para dar una solución real a lo que acontece. Una democracia que debe ejercitarse de modo creciente por los ciudadanos, que debe abanderar a los habitantes del mundo en aras de las causas contra la corrupción, el abuso y la prepotencia en las relaciones humanas, en la medida en que el acceso a la información y la rendición de cuentas sea también democrático y accesible para todos. Por último, una democracia que se traslade a las altas esferas internacionales, que a empujones de los pueblos, se escuchen las voces de los más necesitados, sólo así la historia (que se ha repetido una y otra vez) cambiará.

El profesor Antillón expresa su preocupación cuando señala que “seguimos, en pleno siglo XXI, sometidos a la corrupción del poder desnudo: los políticos se inclinan por cálculo o complicidad; la ONU calla avergonzada, impotente”[9]; entonces, a través de la opinión pública, recetémosle su pastilla azul.

[1] A pesar de que el texto se publica en el 2005, hoy, año 2009, sus argumentos tiene validez y corroboran muchas de las ideas del autor.
[2] Entre muchísimos otros que aportaron grandemente al tema.
[3] Que, paradójicamente, no existe consenso entre los expertos sobre su definición.
[4] Antillón Montealegre, Walter. Artículo: “La insoportable levedad del derecho internacional” En: Revista de Ciencias Jurídicas. Número 108. Septiembre- diciembre 2005. Universidad de Costa Rica. Colegio de Abogados de Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL, S.A. San José de Costa Rica. Pág. 73.
[5] Antillón Montealegre, Walter. Ibíd. Pág. 73.
[6] En este grupo se incluye a las personas que ostentan el poder en materia económica, política, ideológico- religiosa, y el monopolio de la información.
[7] Es importante recordar que después de la II Guerra Mundial, y ayudado por el hecho de que las batallas nunca se desarrollaron en sus territorios, EEUU fue el gran ganador de tal acontecimiento bélico.
[8] Antillón Montealegre, Walter. Ibíd. Pág. 90.
[9] Antillón Montealegre, Walter. Ibíd. Pág. 92. Énfasis agregado.