Para infortunio del diálogo institucional, Manuel “Mel” Zelaya, el presidente de Honduras y parte del club de mandatarios excéntricos (y populistas) latinoamericanos, fue derrocado por las Fuerzas Armadas de su país, este fin de semana. Esa institución se cansó de su efímero retiro a los cuarteles, le hacía falta “el ruido de los sables”; contra ella sería injusto borrar su oscuro servilismo a favor de los oscuros intereses de la United Fruit, la poderosa compañía bananera transnacional que importó mano de obra negra semiesclava en el siglo XlX, la que le sirvió en sus plantaciones en condiciones miserables.
Brazo visible de la United Fruit, (emblema de “la república bananera”), hasta casi finalizar el siglo XX, la que abarca la mayor parte de los ingresos del presupuesto nacional, la institución armada ha sido una especie de “dios” en toda la historia de vida independiente de la nación hondureña, de las más pobres del continente, después de Haití. La rancia clase conservadora nacional, especialmente la terrateniente, que ha asesinado sacerdotes en Olancho, se integró a ese bloque histórico hegemónico, ocupándose de obstaculizar cualquier tipo de reforma, sino que sea testigo de ello el general Osvaldo López Orellano en la pasada década de 1970, quien se decidió por la vía de ejecutar tímidos cambios sociales.
Honduras, exportador de migrantes, ha sido castigada por una profunda inequidad social y extrema pobreza, ignorancia y desempleo enraizadas en “el código genético nacional”. En las últimas décadas, ese país ha debido lidiar con la complicada injerencia militar estadounidense en la base de Palmerola (“la plaza de armas”) en tiempos de “la contra” nicaragüense; con los desastres naturales con impactos indescriptibles contra las poblaciones y la infraestructura; la violencia de “las maras” y de las bandas criminales organizadas; el Sida y la gripe A; la desenfrenada corrupción, etcétera.
Con un bajo índice de aceptación popular, un 25% apenas lo respalda de acuerdo con las encuestas, Mel Zelaya se adhirió al ALBA de Hugo Chávez, una figura que, por cierto, es repudiada por los hondureños. A partir de allí comenzaron sus dificultades; luego decidió aumentar los salarios mínimos, todo lo cual creó un clima de férrea oposición por parte de las clases empresariales, que sospechaban además de la intromisión “Chavista” en los asuntos domésticos.
Según las versiones de la oposición antiizquierdista el apoyo financiero que el gobierno venezolano proporciona al presidente Manuel Zelaya ha venido condicionado por una serie de compromisos obligatorios: además de incorporarse a la Alba, lo ha sido alinearse con el eje La Habana-Caracas, enfrentarse contra Estados Unidos, establecer relaciones con el Irán, modificar la Constitución Política, tomar el control de los poderes públicos, cometer fraude electoral para eternizarse en el poder, limitar la libertad de prensa y de expresión, como también perseguir la Iglesia Católica y la oposición política (Uno América, 2009).
El Ejército miraba de reojo las decisiones del presidente, aun así se mantuvo ajeno de las disputas políticas, una conducta que debió repetir con la controvertida encuesta política que a Zelaya se le metió en la cabeza emprender, con miras a encontrar respaldo a su convocatoria a la Asamblea Constituyente, mediante la instalación en las elecciones de noviembre de los corrientes de la “cuarta urna”, denominada irónicamente como “la urna de la continuidad”.
Por su parte, la oposición de los otros Poderes de la República se acentuaba, incluso la del oficialista partido Liberal, que lo ayudó a conquistar el poder. Las Fuerzas Armadas, finalmente, se insubordinaron, más cuando el presidente destituyó a Romeo Vásquez, el Jefe Superior (restituido inmediatamente después por la Corte Suprema), quien se opuso a cooperar con la encuesta que se iba a realizar este domingo.
En un principio se presumía que tales contradicciones que afloraban en Tegucigalpa eran el resultado del humor propio de “un Estado jocoso”, al tenor de la fragilidad de las instituciones democráticas, sea algo similar a lo acontecido en Nicaragua, donde lo que menos tiene asidero es el imperio de la ley; o que podrían estar bastante lejanas de los desmanes del “Estado paralelo” que funciona en Guatemala, que a decir verdad logró secuestrar al “Estado oficial”, tal como aparece claro en el asesinato del abogado del abogado Rosenberg, del cual se responsabiliza directamente al presidente Álvaro Colom y allegados cercanos.
Lamentablemente, los hechos de esta semana nos hacen ser presa del pesimismo. Lo que hay que preguntarse entonces, es si estas tres hermanas naciones están a punto de la posición de una “caída libre”. Casi que se comienzan a contabilizar los 200 años de haber conquistado la independencia del Imperio de España y, con excepción de Costa Rica, la región registra déficits en la consolidación democrática al igual que en equidad y cohesión social, precaria infraestructura y desarrollo económico ampliamente postergado.
Rematando con tal pesimismo, un experto en seguridad multidimensional de la Organización de los Estados Americanos acaba de advertir que el istmo vive en medio de “una guerra civil no declarada”, a causa de la violencia, incremento de los homicidios, proliferación de armas ilegales y el alto perfil del crimen organizado. Pues que Dios nos coja confesados.
A pesar de esta cruda realidad, Costa Rica tiene por delante el compromiso de insertarse cada vez más en Centroamérica, convertirse en apóstol y profeta, denunciando con franqueza los abusos del poder establecido y los retrocesos políticos, promoviendo sus valores democráticos y civilistas y haciéndolos omnipresentes, en especial combatiendo sin descansar los financiamientos a las Fuerzas Armadas.
Nada se gana con ser excesivamente “selectivos” en los vínculos con esta región o hacer uso de la ligereza en abordar cuestiones relacionadas con el proceso de integración. Por el contrario, el destino nacional está sujeto en buena medida a esta dinámica histórica y política regionales. De este modo, el presidente Oscar Arias Sánchez lo había interpretado perfectamente con su plan de paz en la década de 1990 y así lo percibió con gran tacto político en la conferencia de prensa de este domingo al recibir al presidente Manuel Zelaya en el aeropuerto “Juan Santamaría”.
Sin duda que falta un largo camino por recorrer para que impere la justicia social y el Estado de Derecho en estas naciones vecinas. Hoy se ciernen otras amenazas y se desentierran prácticas malévolas que se presumían ya colocadas en el obituario, que le ponen piedras a dicho desafío. Por el momento, hay que aplaudir las reacciones decisivas de la comunidad internacional contra el golpe de Estado en Honduras y, en particular, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que está haciendo respetar valientemente la Carta Democrática Interamericana, de cuya invención Costa Rica fue autora principal.
Brazo visible de la United Fruit, (emblema de “la república bananera”), hasta casi finalizar el siglo XX, la que abarca la mayor parte de los ingresos del presupuesto nacional, la institución armada ha sido una especie de “dios” en toda la historia de vida independiente de la nación hondureña, de las más pobres del continente, después de Haití. La rancia clase conservadora nacional, especialmente la terrateniente, que ha asesinado sacerdotes en Olancho, se integró a ese bloque histórico hegemónico, ocupándose de obstaculizar cualquier tipo de reforma, sino que sea testigo de ello el general Osvaldo López Orellano en la pasada década de 1970, quien se decidió por la vía de ejecutar tímidos cambios sociales.
Honduras, exportador de migrantes, ha sido castigada por una profunda inequidad social y extrema pobreza, ignorancia y desempleo enraizadas en “el código genético nacional”. En las últimas décadas, ese país ha debido lidiar con la complicada injerencia militar estadounidense en la base de Palmerola (“la plaza de armas”) en tiempos de “la contra” nicaragüense; con los desastres naturales con impactos indescriptibles contra las poblaciones y la infraestructura; la violencia de “las maras” y de las bandas criminales organizadas; el Sida y la gripe A; la desenfrenada corrupción, etcétera.
Con un bajo índice de aceptación popular, un 25% apenas lo respalda de acuerdo con las encuestas, Mel Zelaya se adhirió al ALBA de Hugo Chávez, una figura que, por cierto, es repudiada por los hondureños. A partir de allí comenzaron sus dificultades; luego decidió aumentar los salarios mínimos, todo lo cual creó un clima de férrea oposición por parte de las clases empresariales, que sospechaban además de la intromisión “Chavista” en los asuntos domésticos.
Según las versiones de la oposición antiizquierdista el apoyo financiero que el gobierno venezolano proporciona al presidente Manuel Zelaya ha venido condicionado por una serie de compromisos obligatorios: además de incorporarse a la Alba, lo ha sido alinearse con el eje La Habana-Caracas, enfrentarse contra Estados Unidos, establecer relaciones con el Irán, modificar la Constitución Política, tomar el control de los poderes públicos, cometer fraude electoral para eternizarse en el poder, limitar la libertad de prensa y de expresión, como también perseguir la Iglesia Católica y la oposición política (Uno América, 2009).
El Ejército miraba de reojo las decisiones del presidente, aun así se mantuvo ajeno de las disputas políticas, una conducta que debió repetir con la controvertida encuesta política que a Zelaya se le metió en la cabeza emprender, con miras a encontrar respaldo a su convocatoria a la Asamblea Constituyente, mediante la instalación en las elecciones de noviembre de los corrientes de la “cuarta urna”, denominada irónicamente como “la urna de la continuidad”.
Por su parte, la oposición de los otros Poderes de la República se acentuaba, incluso la del oficialista partido Liberal, que lo ayudó a conquistar el poder. Las Fuerzas Armadas, finalmente, se insubordinaron, más cuando el presidente destituyó a Romeo Vásquez, el Jefe Superior (restituido inmediatamente después por la Corte Suprema), quien se opuso a cooperar con la encuesta que se iba a realizar este domingo.
En un principio se presumía que tales contradicciones que afloraban en Tegucigalpa eran el resultado del humor propio de “un Estado jocoso”, al tenor de la fragilidad de las instituciones democráticas, sea algo similar a lo acontecido en Nicaragua, donde lo que menos tiene asidero es el imperio de la ley; o que podrían estar bastante lejanas de los desmanes del “Estado paralelo” que funciona en Guatemala, que a decir verdad logró secuestrar al “Estado oficial”, tal como aparece claro en el asesinato del abogado del abogado Rosenberg, del cual se responsabiliza directamente al presidente Álvaro Colom y allegados cercanos.
Lamentablemente, los hechos de esta semana nos hacen ser presa del pesimismo. Lo que hay que preguntarse entonces, es si estas tres hermanas naciones están a punto de la posición de una “caída libre”. Casi que se comienzan a contabilizar los 200 años de haber conquistado la independencia del Imperio de España y, con excepción de Costa Rica, la región registra déficits en la consolidación democrática al igual que en equidad y cohesión social, precaria infraestructura y desarrollo económico ampliamente postergado.
Rematando con tal pesimismo, un experto en seguridad multidimensional de la Organización de los Estados Americanos acaba de advertir que el istmo vive en medio de “una guerra civil no declarada”, a causa de la violencia, incremento de los homicidios, proliferación de armas ilegales y el alto perfil del crimen organizado. Pues que Dios nos coja confesados.
A pesar de esta cruda realidad, Costa Rica tiene por delante el compromiso de insertarse cada vez más en Centroamérica, convertirse en apóstol y profeta, denunciando con franqueza los abusos del poder establecido y los retrocesos políticos, promoviendo sus valores democráticos y civilistas y haciéndolos omnipresentes, en especial combatiendo sin descansar los financiamientos a las Fuerzas Armadas.
Nada se gana con ser excesivamente “selectivos” en los vínculos con esta región o hacer uso de la ligereza en abordar cuestiones relacionadas con el proceso de integración. Por el contrario, el destino nacional está sujeto en buena medida a esta dinámica histórica y política regionales. De este modo, el presidente Oscar Arias Sánchez lo había interpretado perfectamente con su plan de paz en la década de 1990 y así lo percibió con gran tacto político en la conferencia de prensa de este domingo al recibir al presidente Manuel Zelaya en el aeropuerto “Juan Santamaría”.
Sin duda que falta un largo camino por recorrer para que impere la justicia social y el Estado de Derecho en estas naciones vecinas. Hoy se ciernen otras amenazas y se desentierran prácticas malévolas que se presumían ya colocadas en el obituario, que le ponen piedras a dicho desafío. Por el momento, hay que aplaudir las reacciones decisivas de la comunidad internacional contra el golpe de Estado en Honduras y, en particular, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que está haciendo respetar valientemente la Carta Democrática Interamericana, de cuya invención Costa Rica fue autora principal.
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